Las juezas de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional suspendieron, por segunda ocasión, el conocimiento de apelación en el caso de Los Tres Brazos.
Las magistradas Doris Pujols Ortiz, Carmen Mancebo y Deisy Indhira Montás, tomaron la decisión para los fines de que el tribunal tenga la oportunidad de fallar varios recursos de oposición interpuestos por las defensas.
Las juezas fijaron como nueva fecha el 27 de junio a las 9:00 de la mañana.
El pasado 20 de abril, la audiencia fue suspendida para que todas las partes intervinientes en el caso sean notificadas.
En el expediente instrumentado por el Ministerio Público, la entidad afirma que los imputados desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos.
El 6 de junio de 2022, el Ministerio Público informó que apelará el auto de no ha lugar dictado por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a favor de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como de otros 16 acusados por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.
Pero al momento de emitir la sentencia el juez consideró que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), no presentó las pruebas suficientes para probar los hechos en un juicio de fondo.
Los señalados por este caso son Leoncio Almánzar, Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.