El frustrado proyecto de compra e instalación de tecnología para el Sistema Nacional de Seguridad de las Fuerzas Armadas afectó al Estado dominicano con la pérdida de 27.5 millones de dólares, sin consecuencia legales contra quienes boicotearon el proyecto desde el de Gobierno de Danilo Medina.
La compra de tres radares 3D militares fue declarada de Seguridad Nacional, mediante el decreto No. 211-12 del Poder Ejecutivo, durante el último periodo de gobierno del presidente Leonel Fernández.
La plataforma de radares, según las autoridades de ese momento, daría apoyo a las operaciones de los aviones Super Tucano en la lucha contra el narcotráfico internacional y otros delitos conexos del crimen organizado.
El entonces ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, llegó a decir que los radares comprados a Israel estaban en un proceso legal porque fueron comprados en 2011 y su adquisición se hizo de manera irregular, debido a que el debido proceso de compra y contrataciones no se cumplió.
Pese a la importancia y alcance del proyecto, las pasadas autoridades nunca se interesaron en instalar los costosos equipos, que para la Fuerzas Armadas representaba en ese momento una prioridad.
Durante los ocho años de Gobierno de Danilo Medina no se asignaron recursos al proyecto y los equipos y tecnología adquiridos, ahora son obsoletos y lucen deteriorados, según informes oficiales.
Por primera vez República Dominicana tuvo la oportunidad de poseer radares propios que servirían para cubrir el área sur y este del país, abarcando incluso la parte sur de Haití, según el contrato.
La República Dominicana se ha convertido, en las dos últimas décadas, en el centro de mayor distribución de drogas en tránsito hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, según expertos en el tema.
En diciembre 2009, el gobierno dominicano y el de Israel suscribieron un contrato para suplir a la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) de tres radares tridimensionales y un Centro de Control de Mando, por un costo de US$ 34 millones; luego se aprobó una adenda por casi US$ 10 millones para ampliar la capacidad del proyecto.
De esta cifra, el gobierno que encabezó Leonel entregó a la compañía suplidora la suma de 27.5 millones de dólares como pago inicial.
De los tres radares consignados en el proyecto, solo se llegó a instalar un ELM-2106NG construido por la empresa israelí ELTA, que en ese momento estaba calificada como una de las en diseño y fabricación de tecnología militar.
Los lotes de equipos y tecnología que reposan en la base aérea de San Isidro fueron comprados a la empresa ELta System LTD, avalada por el gobierno de Israel, según el contrato firmado por ambas autoridades.
A partir de 2012, cuando Danilo Medina asumió la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas no volvieron a recibir un centro para el referido proyecto, lo que motivó que la compañía Alta Industrial Aeronáutica Israelí, suplidora de los radares, amenazó con rescindir el contrato por incumplimiento en los pagos.
La última partida consignada en el presupuesto de las Fuerzas Armadas fue de RD $400 millones, para cubrir pagos pendientes del proyecto en la Base Aérea de San Isidro.
La plataforma cubriría, según los técnicos militares, toda la parte Sur del país, con alcance al litoral Sur de Haití, y por la costa sureste hasta Puerto Rico.
De su lado, la empresa suplidora garantiza que se alcanzaría capacidades para cubrir unas 200 mil millas náuticas, pudiendo detectar aeronaves hasta en las costas norte de Sudamérica.
Pese a la importancia y alcance del proyecto, las pasadas autoridades nunca se interesaron en instalar los costosos equipos, que para la Fuerzas Armadas representaba en ese momento una prioridad.