El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), en la gestión del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, se adjudicaron 46 contratos irregulares mediante procedimiento de urgencia que pusieron el riesgo dinero público por RD$ 1,582,101,245.
La entidad oficial no exigió a las compañías suplidoras la firma de pólizas de fiel cumplimiento de entrega de los insumos médicos requeridos para combatir la pandemia del COVID-19, en julio de 2020.
Esta y otras irregularidades están documentadas en la Investigación Especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) a los procesos de licitación y compras del Ministerio de Salud Pública, durante el periodo de marzo- agosto de 2020.
Los contratos se hicieron con varias empresas suplidoras del Estado para las compras de bienes e insumos médicos, requeridos por varios hospitales y centros de maternidad del sistema de salud pública durante la pandemia.
La entidad (MISPAS) debió exigir a las empresas proveedoras la firma de pólizas de fiel cumplimiento por un monto total RD$ 51,860,615, que garantizara la inversión de más de RD$ 1,500 millones en compras de urgencia, según los investigadores de la CCRD.
Los auditores señalan en su informe definitivo que la Ley 340-6, sobre Compras y Contrataciones del Estado, en el artículo 30, párrafo 1 señala:
"Para garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones los oferentes, adjudicatarios y contratistas deberán constituir garantías en las formas y por los montos establecidos en la reglamentación de la presente ley”.
Asimismo, y según narra el documento, el decreto 543-12 que aprueba el Reglamento de Aplicación de la referida normativa 340-06, en su artículo 18 establece que la garantía de fiel cumplimiento de contrato debe ser, obligatoriamente, integrada por los adjudicadores cuyo contratos excedan el equivalente en pesos dominicano de los US$ 10,000.00, en el plazo de 5 días hábiles luego de la adjudicación.
El decreto también refiere que si la garantía de fiel cumplimiento no es entregada dentro del plazo indicado, la entidad contratante (en este caso en Ministerio de Salud Pública) podrá aplicar las sanciones que correspondan y adjudicar el contrato al oferente siguiente mejor evaluado.