El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce este lunes la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los implicados en el caso Antipulpo, que tiene a Juan Alexis Medina como principal acusado.
El magistrado deberá decidir hoy si varía o deja igual las medidas que pesan en contra de Medina; de Wacal Bernabé Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz y Aquiles Christopher.
También, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagán, María Isabel Torres, José Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista y Víctor Matías Encarnación Montero.
Independientemente de lo que suceda este lunes, el magistrado está apoderado, además, para presidir el juicio preliminar del caso que deberá iniciar el próximo cuatro de abril.
Una vez que se cumpla la audiencia preliminar, todos los lunes subsiguientes proseguirá la misma hasta que culmine el proceso, que se estima se cierre el 30 de mayo de este mismo año.
Juan Alexis Medina es señalado en el expediente como gerente operativo del entramado delictivo y como tal jefe de su hermana Carmen Magalys Medina y de varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros acusados de aprovecharse de sus vínculos con el poder político para sustraer 4 mil 796 millones de pesos de los fondos públicos.
El grupo habría obtenido contratos millonarios con diversas instituciones del Estado durante la gestión de Medina de dos períodos consecutivos (2012-2020) y con los beneficios, sostiene los fiscales, se habrían financiado ilegalmente campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo las del exmandatario y del excandidato presidencial Gonzalo Castillo.
Estas prácticas se llevaron a cabo, destaca la acusación, mediante la constitución de compañías en las que los testaferros de Alexis Medina figuraban como accionistas y cuyo objetivo era venderle al Estado cualquier producto que necesitara, o crear necesidades ficticias para poder efectuar operaciones de compraventa