La Procuraduría General de la República (PGR) informó este lunes que la justicia dictó medidas de coerción contra varios miembros de una red que proveía documentos de forma irregular a ciudadanos haitianos desde la Oficialía del municipio de Nizao, en la provincia de Peravia.
Según un comunicado, el caso fue declarado complejo y se impuso prisión preventiva a Amauri Rosario Aybar (medida que cumplirá en la cárcel pública de Baní) y garantía económica y presentación periódica ante el Ministerio Público a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez.
La red – dedicada a suplantar identidades de nacionales dominicanos, falsificar documentos públicos y realizar declaraciones de nacimiento fraudulentas para beneficiar a nacionales haitianos – estaba compuesta por terceros y empleados de la Oficialía de Estado Civil de Nizao, quienes actuaron bajo la dirección de la oficial del Estado Civil María del Carmen Arias Castillo y Dominga Valdez, prófugas y sobre las que pesa orden de arresto..
Precisó que las personas contra las que se han dictado medidas de coerción fueron apresadas tras allanamientos llevados a cabo en las comunidades de Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní.
El caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 145, 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos; los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil; los artículos 13 y 14, numeral 4, de la Ley de Cédula No. 8-92, artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y artículos 6 párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Se encargan de la investigación de este caso la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la Junta Central Electoral, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la Junta Central Electoral y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y su Departamento de Falsificaciones, con el apoyo de la Dirección Jurídica, la Dirección de Cedulación, la Dirección de Inspectoría y la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral.