El nuevo juicio contra los implicados en el caso Super Tucano que ordenó la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, se realizará con los mismos elementos de pruebas presentados ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Así lo establece el Código Procesal Penal Dominicano en su artículo 434 numeral 2, donde ordena la celebración de un nuevo juicio, cuando es necesaria una nueva valoración de la prueba.

El abogado penalista Javier Ulloa explicó que se podrán volver analizar las pruebas e interrogar a los testigos.

Sin embargo, explicó que una de las peculiaridades cuando se reenvía a otro juicio de fondo es que no se podrán someter nuevos elementos de pruebas, ni excluir los que ya están.

Asimismo, el jurista argumentó que para la asignación de una sala diferente a la que lo conoció el primero juicio se deberá realizar un sorteo y expresó que luego de que se indique el tribunal que lo conocerá, el caso se encontrará en la etapa de juicio de fondo.

En el caso están vinculados el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magycor, a las que se le acusa de cometer delitos de soborno en la importación de aviones militares Super Tucano.

En su momento, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Arlín B. Ventura Jiménez, jueza presidenta, Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, jueza sustituta de presidente y Leticia Martínez Noboa, jueza miembro, tras emitir el fallo de la sentencia absolutoria, hallaron no culpable a los encartados en este proceso.

En dicha sentencia explicaron que cuando se dicta esta decisión entre los motivos se encuentra que la prueba aportada no sea suficiente para establecer la responsabilidad penal del imputado e invocaron el artículo 337 del Código Procesal Penal Dominicano.

Asimismo, el tribunal especificó que el juicio fue celebrado con todas las garantías previstas en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, con el fin de asegurar un juicio imparcial con las garantías de los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley.