El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, ahora bajo la dirección del nuevo ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, afronta el desafío de adecuar el número de generales y coroneles a las necesidades actuales de las instituciones castrenses, y hacer cumplir lo que establece la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en ese sentido.
Expertos militares sugieren la importancia de llevar a cabo una evaluación de las necesidades de personal de alto rango en las instituciones militares para garantizar que los oficiales activos cumplan con los requisitos operativos y estratégicos de la institución militar. Como se realizó recientemente en las estructuras inferiores del mando.
En los últimos cuatro años, en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, se ejecutó un proceso de depuración y saneamiento que dio como resultado la expulsión de casi a diez mil soldados, principalmente en los rangos de sargentos, cabos y rasos, por motivos que, según las autoridades, violaban la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, este proceso no se ha extendido a la oficialidad superior, donde un alto número de oficiales ha excedido su vida útil en el servicio debido al tiempo cumplido, la edad biológica y el tiempo en el rango, lo cual, de acuerdo con la normativa vigente, hace que su permanencia en el servicio sea ilegal.
Existen más de 115 generales activos, lo que contradice la legislación militar que estipula un general por cada 1000 soldados. Esto sugiere que debería haber alrededor de 52 generales, considerando que el número de miembros en las Fuerzas Armadas es de aproximadamente cincuenta y dos mil activos.
“Las Fuerzas Armadas demandan el retiro de todos los oficiales que han cumplido su función y permanecen en las filas de manera ilegal"
No obstante, en lugar de disminuir, esta cifra ha aumentado, ya que el Poder Ejecutivo ha promovido a 54 oficiales al rango de general, en ambas categorías, y ha retirado a menos de 20 en cuatro años.
De acuerdo con la última actualización del sitio web del Ministerio de Defensa, el Ejército cuenta con 62 en los rangos de mayor general y brigada, incluyendo a un teniente general que funge como ministro. La Armada dispone de 22, en las categorías de almirante y vicealmirante, mientras que la Fuerza Aérea tiene 32. Estas cifras no contemplan los ascensos y retiros decretados por el mandatario el 16 de agosto pasado.
Empero, la consideración de una reducción en los rangos superiores no es responsabilidad exclusiva del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, sino que también depende de la decisión del presidente Luis Abinader, en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo, según indican oficiales consultados por periodistas de Acento.
Conforme el artículo 74 del Reglamento de Aplicación de la Ley 139-13 de las Fuerzas Armadas, hay seis motivos por los cuales un oficial puede ser puesto en retiro: por antigüedad en el servicio, por la relación entre rango y edad, por discapacidad o incapacidad física, por edad biológica, por antigüedad en el rango y voluntario.
La misma situación se mantiene en el rango de coronel, donde el Ejército cuenta con 661, la Armada con 251 y la Fuerza Aérea con 460, cifras que exceden lo permitido en la Tabla de Organización y Equipo (TOE) de las Fuerzas Armadas, y, por lo tanto, también constituyen una violación a la Ley Orgánica Militar, la cual se aplicó en los rangos inferiores.
Mensualmente, la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones de las Fuerzas Armadas aprueba cientos de pensiones que luego son enviadas al Poder Ejecutivo para su autorización correspondiente; no obstante, estas corresponden a solicitudes voluntarias de retiros.
“Las Fuerzas Armadas demandan el retiro de todos los oficiales que han cumplido su función y permanecen en las filas de manera ilegal; simplemente se debe aplicar la ley. No se puede llevar a cabo una reforma de las instituciones militares si una parte de la oficialidad permanece en la ilegalidad”, enfatizó la fuente.
La continuidad de estos oficiales, algunos sin funciones y otros enfermos, pero que, aun así, se aferran al uniforme, supone una carga económica para el presupuesto de Defensa y un "dolor de cabeza" para las instituciones militares.