Una entidad de la sociedad civil ha pedido el Presidente Luis Abinader para que instruya al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) investigar quienes desde la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas boicotearon la instalación de los radares militares en la base aérea de san Isidro, en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina.
El presidente de la Asociación de Ciudadanos Contra la Corrupción -G3-, Reemberto Pichardo Juan, entiende que deben ser ubicados, apresados y sometidos a la justicia las personas que supuestamente impidieron la instalación de los radares que darían apoyo a los aviones Super Tucano en la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos conexos.
La pasada semana Acento publicó una historia en la que un alto oficial de las Fuerzas Armadas, que pidió no ser identificado, reveló que sectores poderosos en la Presidencia y en las Fuerzas Armadas de los gobiernos de Danilo Medina, habían boicoteado la ejecución del proyecto de dos radares militares en San Isidro.
Pichardo Juan sostiene que el Departamento Nacional de Investigaciones es la entidad oficial que debe realizar la investigación porque la misma podría involucrar a miembros de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios del Palacio Nacional de la pasada administración.
El documento remitido al primer mandatario subraya que “estos agentes del narcotráfico que fungen ante la sociedad como políticos y militares ha logrado permanecer ocultos en su actividades criminales y a su vez enquistado en las altas esferas del Palacio Nacional y las Fuerzas Armadas, sin consecuencia alguna".
Lo que permitió, según la entidad contra la corrupción, que el narcotráfico tanto de puente hacia los Estados Unidos y Europa como de consumo interno, incrementará sus operaciones ilícitas de manera exitosa.
En su instancia al Presidente Abinader, los abogados apoderados Reenberto Pichardo Juan, Calorina Marines y Freddy E. Ureña sostienen que agentes del narcotráfico que se encontraban y probablemente aún se encuentran dentro del Palacio Nacional y los cuerpos castrenses, son una amenaza directa a la seguridad interna del país.