La Ley de Extinción de Dominio es una "herramienta de lucha contra la corrupción que se enmarca dentro de los compromisos nacionales e internacionales", expresó el coordinador general de Participación Ciudadana, el capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Joseph Abreu.
“Esta Ley representa un instrumento para atacar una de las principales fuentes de ingreso con la cual se financian estos grupos criminales, quitándoles este brazo económico con el cual desarrollan sus actividades ilícitas”, expresó Abreu en la tertulia “Hablemos de la Ley de Extinción de Dominio”.
El movimiento cívico no partidista llamó a esta actividad, dijo, como parte de su "compromiso con la participación, el fortalecimiento democrático, la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad en la República Dominicana".
Esta tertulia tuvo como finalidad conversar con la ciudadanía y actores claves para dotar al país de una ley que castigue el crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales, recuperando los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero.
Norma para "atacar estos recursos y no a las personas"
La tertulia contó con la participación de destacadas figuras, entre ellos Marko Magdic, abogado y experto en extinción de dominio, quien aclaró que el proyecto de ley apunta a crear una norma para "atacar estos recursos y no a las personas", porque en caso de responsabilidad individual "para eso está el derecho penal y administrativo", subrayó.
"La finalidad de este proyecto es poder entregar una ley complementaria a lo que ya tenemos”, añadió Magdic al reiterar que la inexistencia de una norma así le da al crimen organizado "mayor cuota de impunidad y poder", porque son "precisamente las estructuras financieras que las soportan".
Debido proceso, seguridad jurídica e institucionalidad
En su intervención, Laura Paniagua, gerente de Políticas Públicas de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, enfatizó que su institución "se ha mantenido enviando sus comentarios y observaciones para poder hacer de esta normativa una realidad en el marco jurídico dominicano".
Señaló que “La ley de extinción de dominio es una herramienta poderosa y necesaria, pero tiene que ser efectiva, acorde con su propósito original”.
Indicó, además, que esta ley para ser garantista debe respetar el debido proceso, garantizando la seguridad jurídica y la institucionalidad.
Consenso con la oposición
Por su parte, Francisco Álvarez, integrante de la comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana. advirtió que la Ley de extinción de dominio es un mandato constitucional y alertó que es un deber del partido de gobierno "llegar a un consenso con la oposición” para que se apruebe esta ley.
Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista y profesor universitario, enfatizó que sobre la forma en que se ha abordado la naturaleza de la ley: «es arriesgado para el futuro de la ley de extinción de dominio aprobarla como si fuera una ley ordinaria», precisó.
El abogado Rodríguez considera que se trata de una ley orgánica y que así debe ser abordada.
Esta tertulia fue moderada por Leidy Blanco García, coordinadora de la comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, y realizada en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia.