El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, manifestó su preocupación ante la absolución de los dos únicos imputados restantes en el caso Odebrecht por parte de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
La institución señaló que, a pesar de los avances en la lucha contra la corrupción, el sistema de justicia no ha logrado reducir la impunidad.
Participación Ciudadana indicó que la mayor responsabilidad recae en el Ministerio Público, que en 2017, fue advertido por la entonces jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, sobre el déficit probatorio del caso. En dicho momento, la entidad persecutora no tomó las medidas para subsanarlo.
Además, el Ministerio se negó a interrogar a los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, a pesar de contar con autorización judicial.
El movimiento recordó a la conciencia ciudadana que Odebrecht admitió en un acuerdo su compromiso de devolver el doble de los US$ 92 millones reconocidos como soborno y de identificar a los sobornados, una obligación que el Ministerio Público no reclamó.
Este historial de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, generó preocupación al movimiento, ya que en las sentencias 4.43 y 4.42, la sala señaló la “inexistencia” del crimen de soborno, a pesar de la confesión del mismo.
Precauciones
A partir de estas declaraciones, Participación Ciudadana exigió una evaluación interna del Ministerio Público y que se ofrezcan explicaciones a la ciudadanía, argumentando que la falta de castigo a los responsables compromete la credibilidad del sistema de justicia.
Asimismo, el movimiento instó a redoblar esfuerzos en los casos de corrupción administrativa actuales, como Antipulpo, Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar, que presentan abundancia de pruebas, como medida de precaución para evitar que se repita el “mal manejo” del caso Odebretch.
Como aspecto positivo de la sentencia de Odebrecht, Participación Ciudadana destacó el rechazo de la extinción de la acción penal debido al plazo máximo del proceso, lo que asegura que los casos actuales no se verán amenazados por la extinción.
Además, el movimiento lanzó un observatorio de corrupción administrativa y reportará periódicamente sobre su avance.