Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), estableció que para gestionar los servicios públicos, un Estado requiere de un diseño institucional que regule sus actividades, combinando tanto derechos fundamentales como obligaciones institucionales para satisfacer los intereses del Estado.
Insistió en que los estados de bienestar, resulta particularmente importante desarrollar políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad, la solidaridad y el acceso a condiciones de vida de calidad en beneficio de la población.
Para el vicepresidente ejecutivo de Finjus, la razón para que las autoridades públicas confíen en los principios rectores, es porque esta es una herramienta importante para justificar las acciones gubernamentales y garantizar la buena gobernanza de sus acciones.
Asimismo, indicó que la relación entre la finalidad del Estado y la calidad de vida de los ciudadanos, se encuentra en los roles que estos desempeñan.
El Estado y la sociedad ocupan una posición intermedia, en donde la gestión de los servicios públicos a manos del Estado requiere de una estrategia que desborda la etapa de la entrega de los bienes a la población.
Este tema viene a colación de la realización del Primer Encuentro Nacional sobre Reforma y Modernización de la Administración Pública, con el panel titulado “Servicios Públicos y Ciudadanía en el Estado Social de Derecho”.
Texto íntegro:
La discusión del tema que nos convoca se encuentra situado en el centro de nuestro sistema democrático. Algunas personas no logran captar la relación intrínseca entre la finalidad del Estado y la calidad de vida de los ciudadanos en cualquier sociedad.
A las preguntas sobre cuáles son los roles respectivos del Estado y la sociedad, y cuál es la naturaleza de la interacción entre ellos, le siguen una gran variedad de respuestas que se podría agrupar en los extremos, como los que representan los absolutismos, sin importar su matiz ideológica, o se ubican en posiciones intermedias que terminan muchas veces mediatizando o limitando el potencial de ambas partes inseparables y mutuamente necesarias.
Podemos decir sin temor que la gestión de los servicios públicos a manos del Estado requiere de una estrategia que desborda la etapa de la entrega de los bienes a la población, porque en un régimen democrático, donde el poder emana del pueblo y lo legitima continuamente, la sociedad está convocada a participar en todas y cada una de las etapas del desarrollo de las políticas públicas, es decir, en el diseño, planificación y ejecución de éstas, pues las problemáticas sociales que se buscan solucionar ameritan de una integración ciudadana oportuna y temprana, lo que está íntimamente relacionado con el fortalecimiento de la representación política.
Nuestra Constitución, refiriéndose al interés colectivo, establece que los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades del conjunto de intereses que vinculan a la ciudadanía y a la Administración Pública, como encargada de proveer y dar respuesta a las necesidades que reflejan el desarrollo social y económico de la sociedad. En su artículo 147 plasma la relevancia de que el Estado proporcione servicios públicos de calidad, los cuales deben estar sujetos a los principios de eficiencia, transparencia y continuidad.
La participación ciudadana en los asuntos públicos legitima la democracia y requiere, como condición sine qua non la creación de un sistema que favorezca la calidad de los procesos que sustentan una cultura política que fomenta el desarrollo humano y la gestión eficiente de los servicios públicos. Ser partícipes de un Estado Social y Democrático de Derecho significa operar bajo el entendido de que la búsqueda del bienestar y la felicidad de las comunidades está por encima de cualquier otra consideración, y alude al ‘deber ser’, según el cual todos los individuos gozan del respeto de su dignidad intrínseca y de sus derechos fundamentales.
Cuando evaluamos, aunque sea someramente, la eficiencia y calidad de los servicios públicos encontramos, en principio, que están afectados de deficiencias históricas que son el producto de la falta de coordinación en los entes de la administración responsables de los mismos y su alejamiento de los ciudadanos. El interés público fundamenta la actuación de la Administración Pública, y este principio debe orientar la intervención y gestión estatal en todos los aspectos, asegurando el bien común como fuente primaria de los elementos objetivos que suponen la defensa del interés general.
El estudio de los servicios públicos agrupa todas las actividades que tienen por finalidad prestar asistencia en provecho de la ciudadanía como entes objeto de la regulación estatal. Es de vital importancia que la Administración Pública mantenga un balance entre satisfacer las necesidades de las personas y a la vez proteger sus derechos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, proporcionar la salvaguarda eficaz de los derechos sociales, culturales y económicos, cuyo valor defendido es la igualdad, permite garantizar condiciones de vida dignas basados en el respetando los intereses colectivos bajo políticas integrales enfocadas en el desarrollo sostenible de la sociedad.
Analizar los servicios públicos en el marco de un Estado Social de Derecho implica evaluar cómo el Estado garantiza mínimos vitales, entendidos como las condiciones suficientes para la estabilidad de las personas, que incluyen el acceso a servicios de salud eficientes, derecho a una alimentación y agua potable sostenible, seguridad ciudadana, entre otras cosas. Un Estado como el nuestro, regido por un ordenamiento normativo que regula las diferentes actuaciones de los entes u órganos que lo conforman, debe promover la solidaridad como valor imprescindible en el amparo del interés general.
Tal como plantea nuestra Constitución, para la gestión de los servicios públicos el Estado requiere de un diseño institucional para regular las actividades, de forma que tanto los derechos fundamentales como los deberes institucionales, puedan conjugarse para ejecutarse en atención a los intereses de la nación. Hablar de servicios públicos en nuestra realidad y organización institucional no únicamente propone ofrecer condiciones de vida digna a los ciudadanos, significa, en igual medida, asegurar un desarrollo sostenible en condiciones de calidad con acceso a energía eléctrica estable, transporte seguro y transmisión adecuada de las telecomunicaciones, como la telefonía móvil, el internet y la radionavegación.
Este proceso de conjunción y coordinación entre los servicios públicos y los niveles de institucionalidad, se debe producir en un marco de principios, normas y prácticas destinadas a proveer recursos asequibles a los diversos actores de la ciudadanía. La institucionalidad pública integra valores, ideas y conductas para estructurar la sociedad. Un elemento esencial de su conformación lo representa la existencia de un personal capacitado e idóneo que, con una estructura organizativa adecuada, pueda desplegar su asistencia para alcanzar la permanencia y uniformidad que persigue el fin social del Estado.
Al observar los principios y características que son inherentes a los servicios públicos, tales como la responsabilidad, la tolerancia, la eficiencia, la proporcionalidad y la calidad, el diseño público institucional de cada ente u órgano garante de las prestaciones públicas, debe estar formulado para atender y actuar dando respuesta a los estándares correspondientes, para velar por el desarrollo integral de cada ciudadano.
Todos los servicios ofrecidos a la ciudadanía deben ser articulados de manera que observen y atiendan la uniformidad en la prestación de estos. En este contexto prima la universalidad, la transparencia y la subsidiariedad como principios rectores para asegurar a la población la existencia de sujetos legítimos que velen por sus derechos y que a la vez gocen de la libertad de acceder a servicios sin trabas burocráticas, que, dicho de otro modo, sea de modo libre y expedito.
La Administración Pública está sujeta a los principios de objetividad y coordinación, por lo tanto, su función busca regular, diseñar, aprobar, ejecutar, fiscalizar y evaluar políticas públicas o suministrar servicios públicos. En el orden de lo anterior, cabe resaltar que la Ley No. 167-21, sobre Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, establece los lineamientos dirigidos a la articulación de las políticas públicas a fin de materializar el incremento de la calidad regulatoria y los trámites administrativos, para evitar la obstaculización de los procesos y garantizar un acceso efectivo a los servicios públicos.
Aplaudimos esta iniciativa porque viene a poner en el centro del debate la cuestión no sólo de la calidad de la prestación de los servicios públicos, sino a aportar mecanismos de participación de la sociedad en la definición de las políticas públicas y de la efectiva realización de los derechos fundamentales que consagra nuestro ordenamiento jurídico.
Para concluir, los servicios públicos obligan jurídicamente al Estado a desarrollar un papel determinante en el desarrollo social y económico. A su vez, su vital importancia constituye una condición sine qua non para la eficiencia de la Administración Pública. En un Estado Social es de especial relevancia elaborar políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad, la solidaridad y el acceso a condiciones de vida de calidad para el bienestar de la ciudadanía. Es por esta razón que nuestras instituciones públicas deben velar por la adecuada gobernabilidad de sus actuaciones, contando de principios rectores como instrumento crucial para la legitimación de la acción gubernamental. En este panorama, se reitera la importancia del respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, cuyas garantías para su protección deben estar siempre al alcance de la ciudadanía.
En pocas palabras, hoy estamos en las mejores condiciones para hacer realidad el anhelo histórico de grandes sectores sociales de ser agentes de cambio y actores de su propio destino, y les expreso la disposición y compromiso de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), de acompañar este proceso y apoyar la creación de las mejores condiciones para que el empresariado, las organizaciones sociales, las comunidades académica y jurídica y todos los ciudadanos comprometidos con la democracia, ayudemos a dar el salto a la madurez política y social que requiere nuestra nación.
Muchas gracias
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS
26 de septiembre, 2023