El proyecto de rehabilitación para convertir el antiguo Hotel Cervantes en el Palacio de Justicia de Jurisdicción Especiales continúa paralizado desde hace más de cinco años, presuntamente por falta de los permisos de construcción correspondientes.
En ese sentido, el director de la empresa Constructora Vélez y Sánchez S.R.L (Convesa), Carlos Alberto Vélez, la cual fue adjudicada para el proyecto, manifestó que el Consejo del Poder Judicial mantiene la obra detenida bajo el alegato de que la constructora no solicitó la ausencia de la licencia, cuando la paralización se debe, según explicó, a que el organismo no desea continuar con la obra.
“Es una excusa de ellos, porque no quieren continuar la obra”, manifestó Vélez, a la vez que aseguró que al momento de firmar el contrato de construcción, no se estipuló que Convesa debía gestionar y obtener los permisos y la licencia de construcción.
Agregó que tampoco se le otorgó un poder especial para tales fines, por lo que la gestión de los permisos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional (Planeamiento urbano), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección de Patrimonio Cultural lnmueble de la Alcaldía del Distrito Nacional, debió ser realizada por el agente promotor, es decir el Consejo del Poder Judicial.
De acuerdo con el ítem 3.3.1.4 del Requerimiento de Aplicación del Reglamento General de Edificaciones y
Tramitación de Planos, R-021 el promotor o inversionista (en este caso el Consejo del Poder Judicial) es el encargado de gestionar y obtener los permisos y licencias de construcción.
| Promotor o inversionista es toda persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente, decide, impulsa, gestiona, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de -142 edificación para si o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. |
En marzo del 2021, el Consejo del Poder Judicial interpuso una demanda a la empresa contratista en resolución de contratos y daños y perjuicios.
Y como respuesta, la empresa contratista también interpuso una demanda por ejecución de contratos, cobro de valores, inscripción del privilegio legal del contratista, responsabilidad patrimonial de la administración pública y reparación de daños y perjuicios.
En la actualidad ninguna de las partes ha llegado a un acuerdo.
Procesos de la obra
La primera vez que se detuvo la obra fue en febrero 2019, cuando Convesa realizó trabajos adicionales a la obra, los cuales fueron cuestionados por el Consejo del Poder Judicial, deteniendo la entrega de los recursos económicos.
La compra del espacio fue de RD$ 144 millones de pesos, mientras que para los trabajos se dispuso de una partida de RD$ 103,434,623.20. En adición a estos, los costos adicionales ascienden a los RD$ 25,047,027.67. Por lo que la sumatoria de inversión se aproxima los RD$ 272,481,650.87.
En un documento al cual Acento tuvo acceso, Vélez informó al Consejo del Poder Judicial – entidad que figura como propietario y promotor de la edificación – que los planos realizados por los agentes diseñadores de la Dirección de Infraestructura Física de esa institución presentaban deficiencias e imprecisiones técnicas que viciaban los referidos planos, ya que no correspondían con el proyecto licitado, por lo que solicitaron un presupuesto adicional al que ya estaba establecido.
A raíz de esto, el Consejo del Poder Judicial solicitó, en marzo 2019, al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos Y Agrimensores (Codia) realizar una auditoría para comprobar si eran necesarios los adicionales solicitados. Luego de una evaluación, el Codia determinó que estos eran necesarios y justificados.
En ese mismo orden, Vélez subrayó que luego de la designación del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, en noviembre del 2019, el Consejo del Poder Judicial solicitó una segunda auditoría, esta vez, a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual adjudicó a la firma de consultoría EPSA-LABCO, Ingenieros Consultores, S.A, la referida acción.
La “Auditoría Obra Civil Edificio Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas”, identificó riesgos asociados a deficiencia de diseño y falta de especificaciones técnicas por parte de los agentes de diseños del Consejo del Poder Judicial. Dichos riesgos fueron los diseños no aprobados por el MOPC y entregados a Convesa como instrucción de ejecución.
Además, EPSA-LABCO argumentó que la que edificación no tenía las características estructurales adecuadas para cumplir con la normativa existente en el país, así como la existencia de muros estructurales que no inician desde la fundación (la estructura no poseía zapata).
De esta última declaración, la EPSA-LABCO rectificó que esto no era real, aclarando que realizó una medición no adecuada, y que esos muros cumplían con las normas de construcción.
Ambas auditorías resultaron a favor de la Constructora Vélez y Sánchez S.R.L (Convesa), de acuerdo con el gerente administrativo, William Sánchez.
Luego de esta versión, la empresa emitió una fe de errata, en el cual indicó que los trabajos de construcción no contaban con los planos aprobados por MOPC y la autorización del uso de suelos de la Oficina de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
“Primero nos alabaron y ahora nos quieren hundir. No puedes decir algo y después cambiar la versión”, comentó Vélez.
En adición a esto, EPSA-LABCO indicó que los trabajos realizados por la constructora presentaban “vicios” estructurales, por lo que la obra fue declarada como “edificio inoperable, no apto para uso e inseguro”.
El proyecto, el cual se encontraba en un 90 % y que acogería la presidencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), así como la Primera, Segunda y Tercera Sala; las tres Salas Especializadas en Asuntos de Familia del Distrito Nacional; la presidencia y Primera y Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional y seria puesto en funcionamiento la Corte de Apelación y Tribunal de Primera Instancia de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, actualmente se encuentra abandonado.
Vélez indicó que, desde la paralización de la obra, intentaron varias veces y por distintas vías hablar con el Consejo del Poder Judicial, sin embargo, no les fue posible “verse las caras” hasta marzo 2021, cuando el Consejo interpuso una demanda por Resolución de Contratos y Daños y Perjuicios.
Nueva propuesta del Poder Judicial
En julio 2023, el Observatorio del Poder Judicial hizo una publicación sobre un proyecto de construcción de una Ciudad Judicial en el Distrito Nacional, el cual acogerá todas las edificaciones del Poder Judicial correspondientes a esta demarcación.
De acuerdo con el organismo, la referida edificación centralizará los servicios judiciales, tales como los Juzgados de Primera Instancia y las Cortes de Apelación para todas las materias, los Tribunales de Tierras y los servicios provistos por las edificaciones de la otrora Dirección de Niñez, Adolescencia, Familia y Género (ahora dedicada exclusivamente como Centro de Entrevistas Forenses) y de Planificación y Proyectos (actualmente sede del Centro de Atención Multicanal / Call Center).
El centro estará ubicado en el sector del Centro de los Héroes, tras las autoridades considerar que esta ubicación es la más adecuada para su localización.
La dirección de Convesa entiende que, si el Consejo del Poder Judicial finalmente decide desistir de la construcción del Palacio de Justicia de Jurisdicción Especiales, en Gazcue, y en cambio realizar la construcción de una nueva edificación en el Centro de los Héroes, esta facultado para hacerlo, pero debe saldar las cuentas con la empresa constructora.
El nuevo proyecto fue admitido al Banco de Proyecto el 24 de noviembre del 2023 y de acuerdo con la Dirección General de Alianzas Público Privada (DGAPP) se encuentra en proceso de evaluación.
Asimismo, datos de la DGAPP indican que el monto referencial de inversión es de RD$ 8 mil 24 millones de pesos dominicanos (US$ 149.76 millones aproximadamente).
Acento intentó comunicarse en numerosas ocasiones y por diversas vías, con la de Dirección de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, pero no le fue posible hablar con el personal, ya que solo redirigían las llamadas y fue imposible la conexión.