Siete organizaciones de derechos humanos denunciaron la existencia de un “virtual estado de excepción”, donde se suspendieron garantías constitucionales como la protección contra detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales contra migrantes haitianos y personas negras.
A través de una carta a la Procuraduría General de la República (PGR), que dirige Miriam Germán, demandaron el sometimiento a la justicia a los responsables de las "violaciones sistemáticas de las garantías constitucionales", en el marco de una “política migratoria discriminatoria”.
Estas organizaciones también solicitan detalles sobre los sometimientos de los responsables de delitos de odio racial magnificados desde que el presidente Luis Abinader, acordó, el pasado miércoles 2 de octubre la ejecución inmediata de un operativo con el objetivo de repatriar hasta 10,000 migrantes por semana.
En la carta a nombre de Roudy Joseph, en representación del grupo de las siete organizaciones sociales, expresaron su preocupación por el empeoramiento de la situación de derechos humanos de la comunidad inmigrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana en los últimos dos años.
Alegaron que esta situación fue "impulsada desde el poder ejecutivo", afectando especialmente a sectores vulnerables de la población negra dominicana.
Las organizaciones resaltaron que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Ley General de Migración 285-04 prohíben las expulsiones masivas y sumarias.
Criticaron que las detenciones migratorias masivas, en curso desde hace tres años, contradicen el reglamento que estipula que estas deben ser un último recurso.
Denunciaron también la detención de menores y la suspensión de derechos constitucionales relacionados con la dignidad humana, la seguridad personal y la libertad de tránsito.
Enfatizaron que las autoridades estatales están violando derechos fundamentales, como lo establecido en los artículos 37, 38, 39 y 56 de la Constitución dominicana.
Se hizo mención de las prácticas ilegales de la Dirección General de Migración (DGM) y las fuerzas policiales, quienes según la carta, operan cubriéndose el rostro y sin portar identificaciones, lo que facilita la comisión de delitos como extorsión, tortura y asesinatos.
Las organizaciones también expresaron preocupación por las expulsiones de dominicanos de ascendencia haitiana, alegando que el artículo 46 de la Constitución prohíbe tales actos, salvo en casos de extradición. Exigieron el cese de las detenciones y expulsiones arbitrarias.
Asimismo, reiteraron sus solicitudes anteriores de información sobre los "linchamientos racistas, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos cometidos" en el contexto de las políticas migratorias.
Exigieron una investigación sobre los hechos ocurridos el 17 de octubre en el centro de detención de Haina, donde se reportó represión contra detenidos.
Las organizaciones firmantes incluyen el Colectivo #HaitianosRD, Movimiento Reconocido, Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, Heartland Alliance International, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, Mosctha y el Colectivo Junta de Prietas.