De acuerdo con la acusación, que consta de 756 páginas, los imputados en operación Nido no contaban con los recursos financieros necesarios para la inversión y construcción de los proyectos inmobiliarios que ofrecían.
Desde 2019 hasta diciembre de 2023, promovieron nueve proyectos residenciales y comerciales fraudulentos, publicándolos como apartamentos de lujo en sectores exclusivos, con el objetivo de captar el dinero de las víctimas.
Entre los acusados figuran Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Franklin Benjamín Martínez Jonkson, Moisés Benjamín Castro Balbi, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López. Las empresas involucradas en el caso son INDISARQ S.R.L. y CRD Equipos Pesados S.R.L.
El Ministerio Público ha solicitado la apertura de un juicio preliminar contra el grupo, acusado de participar en un esquema de fraude inmobiliario que involucra la creación y publicidad de proyectos inmobiliarios falsos para estafar a decenas de víctimas.
Entre las maniobras delictivas se destaca la venta de una misma unidad de apartamento a diferentes compradores, lo que incrementó las ganancias del grupo acusado.
Los precios por los inmuebles oscilaban entre US$ 90,000 para locales comerciales y hasta US$ 175,000 para apartamentos, con cuotas mensuales que iban desde US$ 730 hasta US$ 3,000.
La acusación también señala que Franklin Benjamín Martínez Jonkson y Wilton Manuel Peralta Brito, bajo la dirección de Emmanuel Rivera Ledesma, realizaron estas ventas múltiples.
Además, Juan Omar Rosario López, otro de los acusados, supervisaba la contabilidad del esquema y coordinaba con abogados para formalizar los contratos de venta y promesas de ventas, mientras ocultaban la información financiera a las autoridades fiscales.
El órgano persecutor ha solicitado que se admita en su totalidad la acusación y se dicte un Auto de Apertura a Juicio contra los acusados, tanto personas físicas como jurídicas. También se ha pedido la sanción de las empresas involucradas, INDISARQ S.R.L. y CRD Equipos Pesados S.R.L., conforme a la Ley No. 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.