El senador del partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, calificó como "alta traición a la patria" las acciones cometidas por los presuntos integrantes de una red criminal conformada por agentes de la Policía Nacional, acusada de sustraer más de 900 mil proyectiles de la institución.
El legislador enfatizó que estos hechos deben ser llevados a los tribunales dominicanos para que se emitan las sanciones correspondientes y se haga justicia.
En cuanto a la versión de que dichas armas eran vendidas en Haití, expresó que, de comprobarse esta información, el país estaría ante un "grave problema”.
Las declaraciones fueron ofrecidas a la salida del despacho de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, tras sostener un encuentro con la representante del Ministerio Público.
Fernández explicó que su visita tuvo como propósito el intercambio de ideas sobre un proyecto de ley para la creación de un centro nacional de criminología, una iniciativa orientada a reducir la tasa de criminalidad en el Distrito Nacional.
Operación Pandora
El pasado domingo, nueve policías, entre oficiales y subalternos, fueron detenidos en el marco de la Operación Pandora puesta en marcha por las autoridades contra una red a la que se le acusa de sustraer más de 900,000 proyectiles.
Los arrestados son el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
También, fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, se encuentran bajo arresto el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez y Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal, según el Ministerio Público, que pedirá medida de coerción contra los acusados.
De acuerdo con el Ministerio Público, el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, "acción que fue rápidamente detectada por los investigadores".