El número de proyectiles robados en la Policía Nacional supera la capacidad de suministro de las armerías locales y la demanda civil de armas, según afirman dueños de tiendas especializadas. Esto sugiere que las municiones podrían haber sido traficadas y comercializadas entre pandillas en Haití, como se ha afirmado.
Este domingo, el Ministerio Público realizó allanamientos en la capital y provincias, deteniendo a nueve agentes policiales, entre oficiales y subalternos, por el robo de 900,000 municiones de los depósitos de la policía, en una operación llamada Pandora.
La versión de que las municiones sustraídas fueron traficadas en Haití, no ha sido confirmada ni desmentida por el Ministerio del Interior y Policía ni por la Procuraduría General de la República, que manejan los detalles del caso.
Una fuente vinculada a las investigaciones sugiere que las municiones, registradas y entregadas por el Material Bélico de las Fuerzas Armadas a la Policía, se desviaron a Haití antes de llegar a los depósitos de la intendencia, presuntamente con la complicidad de autoridades y proveedores.
Si se confirma oficialmente que las municiones robadas en la Policía Nacional fueron vendidas en Haití, las autoridades dominicanas deberán ampliar las investigaciones hacia la seguridad fronteriza, ya que las fuentes consultadas por Acento indican que la entrega tuvo lugar en la frontera antes de su traslado a territorio de Haití.
Las compras estatales y de particulares de municiones, armas y pertrechos militares y policiales deben trasladarse desde las aduanas a las Fuerzas Armadas para su registro y entrega, de acuerdo con la Ley 631-16, que regula el Control y Registro de Armas, Municiones y Material Relacionado.
Se plantea también la posibilidad de un acuerdo ilícito entre autoridades y proveedores respecto a la compra de municiones, en el que estos habrían suministrado una cantidad inferior a la pactada, en complicidad con funcionarios, lo que sugiere un potencial caso de corrupción.
“En la administración pública, se ha enquistado una práctica corrupta: proveedores y funcionarios se confabulan en turbios acuerdos contractuales donde, bajo la mesa, se manipulan las cantidades de insumos entregados. Mientras los documentos oficiales prometen un volumen específico, la realidad es que se suministra deliberadamente menos, todo con la complicidad de autoridades que obtienen jugosos beneficios económicos al margen de la ley,” explica la fuente.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional adquirieron armas, equipos y municiones amparadas por el Decreto 725-20, que permitía procedimientos excepcionales en situaciones de Seguridad Nacional. La disposición presidencial autorizaba a los cuerpos armados, del orden y de seguridad del Estado a comprar insumos bélicos y de seguridad ciudadana sin las restricciones habituales.
Recientemente, la Policía haitiana alertó a las autoridades dominicanas sobre la introducción de municiones ilegales desde República Dominicana, las cuales estaban supliendo a bandas criminales en Puerto Príncipe, la capital de Haití.
Si se confirma oficialmente que las municiones robadas en la Policía Nacional fueron vendidas en Haití, las autoridades dominicanas deberán ampliar las investigaciones hacia la seguridad fronteriza, ya que las fuentes consultadas por Acento indican que la entrega tuvo lugar en la frontera antes de su traslado a territorio de Haití.
La Policía Nacional ha venido comprando armas, municiones y pertrechos a través de compañías suplidoras locales que las adquieren en países como Estados Unidos, Italia, Turquía, México, incluso en naciones de Europa del Este, según los informes.