Las 908,001 municiones sustraídas de la Policía Nacional eran comercializadas ilegalmente entre RD$ 3,800 y RD$ 4,500 por cartucho, generando millones de pesos que los imputados utilizaron para adquirir inmuebles, vehículos y otros bienes.
Estas municiones incluían proyectiles de guerra como el calibre 5.56 mm, utilizados en fusiles, cuyo uso está restringido para civiles.
La información se desprende de la solicitud de coerción depositada por el Ministerio Público, en la llamada Operación Pandora, que involucra a miembros de distintos rangos de la Policía Nacional.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), las municiones estaban bajo la custodia del Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
Entre los calibres sustraídos figuran:
- 82,949 cartuchos calibre 12 mm, carga 6.
- 10,404 cartuchos calibre 12 mm, carga 8.
- 26,128 cápsulas calibre 7.62 mm.
- 489,907 cápsulas calibre 9 mm.
- 230,340 cápsulas calibre 5.56 mm.
- 68,066 cartuchos de goma para escopeta calibre 12 mm.
- 59 gases lacrimógenos.
- 31 proyectiles calibre 37 mm.
Las investigaciones señalan que las transacciones financieras entre los imputados se realizaron a través de depósitos y transferencias bancarias vinculadas con la venta de las municiones.
Entre los señalados figuran Héctor José Acevedo Liriano, Ángel Rubiel Martínez Bicilio, Jorge Luis Zorrilla Marte, Melvin Manuel Segura Sierra, Jennifer Nicole Pérez, Yakendry Shakira Segura, Juan Alberto Nina, Mariany Rachell González, Juan Luis Díaz Medina, Johan Alexander Sánchez, Breilyn Eliezer Cuello Gil, Danilson de la Cruz Arias, Miguel Ángel Gómez Espaillat y Erick Francisco Cruz.
El análisis financiero del Ministerio Público reveló que Morelbin Medina Pérez, técnico de reparación de armas en la Intendencia de Armas, realizó depósitos por RD$ 28,000 a cuentas del capitán Nelson Valdez, coordinador de la operación ilícita.
Estas transacciones, documentadas por la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC), formaban parte de un esquema que permitió la venta masiva de las municiones robadas.
Durante los operativos, el Ministerio Público recuperó 385 proyectiles mediante entregas voluntarias de los imputados Yakendry Shakira Segura Feliz y Miguel Ángel Félix Liriano. Estas municiones, en su mayoría calibre 9 mm, fueron entregadas en cajas de la marca Águila.
El expediente de la operación Pandora, que consta de 213 páginas y 135 elementos de prueba, fue presentado por el Ministerio Público como base para solicitar prisión preventiva contra los imputados y declarar el caso complejo.
Más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional y 40 fiscales participaron en los allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
El Ministerio Público calificó este caso como una amenaza grave a la seguridad pública, subrayando que la comercialización de municiones de guerra pone en riesgo a toda la sociedad.