La tarde del 27 de noviembre del 2023, decidimos visitar una comunidad de Santo Domingo Oeste, República Dominicana, aunque está en la capital delpaís, parece estar fuera de la ciudad por su lejanía del centro; para llegar hasta el lugar atravesamos el cementerio Cristo Redentor; particularmente a mí, esos lugares lúgubres me causan aprensión, a pesar de que allí quienes descansan, son indefensos. Pues al llegar a la comunidad bateyera y entrevistar a un nutrido grupo de personas que viven sin nacionalidad, paradójicamente, me produjo la misma sensación sombría de los cementerios. Y es que en verdad, quien no tiene documentos, es un muerto civil, excluido de la sociedad y sepultado por las políticas del Estado.
La apatridia es una forma de muerte civil
En el mundo existen millones de personas privadas de nacionalidad, lo que significa que civilmente "no existen". Una persona sin documentos no tiene identidad jurídica y por lo tanto, no puede tener acceso a la seguridad social, a un trabajo digno, a abrir una cuenta bancaria, comprar propiedades, contraer matrimonio o inscribir ante el registro civil a sus hijos, engrosando así la legión de seres vulnerables.
Según Naciones Unidas, Myanmar, Kuwait, Costa de Marfil, Tailandia, Iraq y República Dominicana lideran la lista de países con mayor cantidad de personas que no tienen el derecho a la nacionalidad bajo la operación legal de ningún pais.
La República Dominicana se sumó a los países que tienen personas apátridas a partir del 2013 con la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que dejó sin nacionalidad a miles de personas, en su mayoría dominicanos de ascendencia haitiana.
Le preguntamos al sociólogo e intelectual dominicano Amín Pérez, que cómo pudo ocurrir que República Dominicana sea el único país de América Latina que tiene tantas personas apátridas en su territorio.
Pérez asegura que eso responde a elementos de dominación política, social, racial y económica, y que no dejan de renovarse con el paso del tiempo. También argumenta que al igual que en tiempos de la abolición de la esclavitud, los grupos dominantes buscaron formas de dominio, tal y como pasa hoy con los grupos migratorios históricamente dominados. A medida que los inmigrantes o los hijos de inmigrantes adquieren derechos, las élites que gobiernan el campo del poder, reajustan mecanismos para restablecer una estratificación social e imponer su dominación. Y añade que “en República Dominicana, el despojo legal y el mantenimiento de una población sin papeles, responde a estas lógicas y al desarrollo del neoliberalismo. En contubernio con los sectores económicos, se abdicó al estado de derecho con los inmigrantes haitianos y sus descendientes, y se dio paso a una política punitiva contra estas poblaciones.”
A la pregunta de con qué objetivo el Estado ejecuta ese tipo de políticas, el mencionado sociólogo asegura que es para crear nuevas fronteras legales que legitiman una desigualdad según el origen de las personas despojada de derechos, utilizadas como mano de obra vulnerable.
Sí, en República Dominicana muchos dominicanos no tienen documentos porque sus padres, incluso sus abuelos, tampoco los tenían. Para intentar subsanar esta crítica situación, la Junta Central Electoral creó la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento.
Sin embargo, la historia de los dominicanos descendientes de haitianos es otra. Quienes ya tenían documentos, quedaron sin nacionalidad y los que no los tenían, aunque nacieron aquí con el derecho a la nacionalidad dominicana bajo la constitución cuando nacieron, quedaron como extranjeros o peor aún: apátridas.
En este trabajo mostramos cómo afecta a estos individuos en derechos tan esenciales como el de la educación, ya que muchos niños y jóvenes se ven privados de documentos, y por tanto impedidos de inscribirse en escuelas o universidades, viendo sus vidas truncadas por la falta de un documento que les devuelva… la esperanza.
El camino de los dominicanos de ascendencia haitiana
Katiana Jean, nació el 12 de febrero del 2008, hija de madre haitiana y padre dominicano, solo tiene el papel de nacimiento entregado por el hospital y pudo estudiar hasta el 8vo. curso de la primaria, porque la escuela le pedía el documento antes de finalizar el ciclo escolar, ya que de lo contrario no podría acceder a las pruebas nacionales, necesarias para ingresar a la secundaria. Katiana, hoy vende empanadas en la calle para ayudar a su madre y sus otros hermanos que también viven en un limbo legal.
Su madre, Michelina, dice que su hija sueña con estudiar contabilidad, pero que está triste porque sabe que es imposible sin el acta de nacimiento.
El futuro de esos jóvenes se ve truncado…
Robinson es un joven de 18 años, nacido en Santo Domingo; trabaja en una tienda del barrio y dejó sus estudios en octavo curso con la esperanza de conseguir su documento y continuar sus clases, pero la larga espera, se ha ido comiendo poco a poco sus ilusiones.
Como joven fuerte y de buena estatura, también juega básquetbol y sueña con ser guardia. Hace unos años intentó entrar a la academia militar, pero por la falta de un documento, tampoco ha podido cumplir su sueño.
En su empleo, cobra poco, pero dice que está ahorrando para buscar un abogado que le pueda resolver su caso ante los tribunales porque desde el 2018 está en un proceso de la Junta Central Electoral y que dicen ´´está en inspectoría ´´. Su madre, asegura que la JCE dice tener dudas de que su padre (dominicano) sea de verdad.
Estos jóvenes sin documentos, están expuestos
Yelinda nació en Santo Domingo, en 1999, hija de padres haitianos que fueron inscritos en el plan de regularización y que hoy tienen vencidos los documentos de un proceso detenido a inicios del gobierno actual de Luis Abinader.
Yelinda es la mayor de 7 hermanos y en 2019 dejó sus estudios porque la escuela le exigía la documentación. Su ilusión era estudiar arquitectura, pero sin documentos, no puede conseguir un trabajo digno y labora en una banca de lotería, viendo pasar el tiempo y esfumarse sus esperanzas.
Asegura que hay desaprensivos que, aprovechando su desesperación, le han pedido dinero para resolver su caso y luego han desaparecido.
Otro caso es el de Alejandro, un joven nacido en República Dominicana de padres haitianos, pero no tiene sus documentos y también tuvo que suspender sus estudios, juega béisbol y mantiene la fe y la esperanza de que le entreguen su documentación para seguir con su vida; pero su gran temor es salir a las calles, ser capturado por Migración y enviado a Haití, un país que ni siquiera conoce.
Licné Geromé, llegó de Haití en 1991 cuando apenas era un niño, creció aquí y se casó con una haitiana con quien procreó 2 hijos que hoy tienen 17 y 9 años. Él y su esposa aplicaron al plan de regularización que surgió con la ley 169-14, pero que luego las autoridades han dejado el proceso suspendido, quedando miles de personas, al igual que él, con un documento que ya no está vigente. La desgracia llegó a su humilde hogar cuando en el 2018 una enfermedad le arrebató a la madre de sus hijos.
En el 2016, antes de la muerte de su esposa, llegaron a depositar la declaración tardía de los documentos en la Junta Central Electoral de Yamasá y 7 años después aún siguen a la espera de una respuesta que no llega.
Su hijo mayor, Nixon dejó la escuela por falta del acta de nacimiento para continuar la secundaria, trabaja en la construcción y sueña con salir del limbo legal en el que está sumergido, para estudiar ingeniería.
Pero conozcamos este caso de una familia dominicana que vive la problemática de los indocumentados. Rafi Bonilla es un niño dominicano, de padres dominicanos y tiene 12 años, pero no tiene documentos. La triste historia de este jovencito es que su madre no estaba declarada y por lo tanto no lo inscribió a él en el registro civil. La madre del niño perdió la memoria cuando este estaba más pequeño, luego enfermó y murió a sus 41 años. Su hermana menor, Lisbeth Bonilla se hizo cargo del niño y sufriendo en carne propia la gestión del cadáver de su hermana en el hospital, por no tener documentos.
Rafi quedó bajo el cuidado de su tía Lisbeth de 24 años, desde la muerte de su hermana el 08 de febrero del 2023; el niño cursa el 2do de la primaria, pero no tiene sus documentos a pesar de que iniciaron el proceso con la Junta Central Electoral.
Rafi sonríe, se le ve un niño feliz, ajeno a su situación. Le gusta jugar béisbol y dice que quiere ser abogado cuando sea grande; asegura que le gusta estar con su tía y a veces, le traiciona la memoria y habla de su madre como si estuviera viva.
Un caso resuelto
En el 2017, se entrevistó a Dayonara, la más pequeña de 6 hermanos, que en ese momento tenía 13 años y era una de los tantos niños y niñas convertidos en apátridas en el país. Dayonara había dejado la escuela por la falta de su documento y su ilusión era encontrar una solución a su problemática para terminar su escuela y estudiar medicina en la universidad. Hoy, con 19 años, la volvemos a entrevistar, pero con una narrativa diferente porque en el 2021 la JCE devolvió su documento retenido, terminó la secundaria y espera entrar a la universidad pública el próximo año y tener un trabajo digno.
¿Qué son los bateyes en República Dominicana?
Un batey (nombre taíno) es una comunidad dentro de las plantaciones de caña, que surgió a partir de los ingenios azucareros en el Caribe. Están compuestos de las barracas de los trabajadores de la caña que viven con sus familias, la casa del amo y el ingenio azucarero. Al inicio del siglo XIX la mano de obra de los bateyes era principalmente haitiana, en la actualidad, en los bateyes conviven personas haitianas y dominicanas.
Estas comunidades suelen estar compuestas por los excluidos de la sociedad dominicana, pues viven bajo estado de vulnerabilidad con acceso limitado a servicios de salud, educación, electricidad y agua potable.
El batey que hemos utilizado como campo de investigación para este trabajo, perteneció al Ingenio Haina del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y ahora quienes fueron trabajadores del CEA son padres de los niños y jóvenes que no tienen un documento o que le arrebataron la nacionalidad cuando inició la desnacionalización en la República Dominicana.
Juliana, maestra en la escuela que ha abierto las puertas de la educación a cientos de niños indocumentados, nos cuenta las dificultades que ha enfrentado la comunidad dominicana de ascendencia haitiana de la zona. Por suerte, en el Batey, existe esa escuela, es un proyecto que surgió ante la necesidad de tantos de niños y niñas que no podían acceder al sistema educativo nacional, tanto por la falta de documentos de identidad, como por ser de ascendencia haitiana, o por la precaria economía de las familias.
Este centro educativo está operando desde 1996 y además de dar clases, imparte también talleres de derechos humanos, afroidentidad, matrimonio infantil, salud, alimentación, educación medioambiental y equidad de género. Realizando una labor integral que, también ofrece apoyo psicológico y legal a las familias necesitadas.
Le preguntamos a Amín Pérez cómo afecta la apatridia a los niños y jóvenes en la escolaridad, desde el punto de vista de la sociología
Respondiendo lo siguiente: ´´El despojo al cual estas personas han sido objeto, los priva en efecto de los derechos más fundamentales que debe garantizar un Estado. Y esta situación es tan problemática que toca incluso esta institución escolar esencial para el desarrollo de una nación, llamada a ser la entidad que dé forma a la vida en comunidad, el lugar fundamental de crecimiento y sociabilidad, espacio de formación que da paso a la movilidad social y profesional, y que da medios para la emancipación social. Coartados de estos recursos, la población apátrida queda al margen, despojada de derechos y libertades, truncada de sueños y esperanzas, fijada a un estrato social subalterno. Esta política de Estado no solo viola los principios de la constitución, sino que es otro mecanismo más de abuso inhumano.
¿Qué crees que hace falta en la sociedad dominicana para que los afectados vuelvan a ser personas civiles en el marco legal?
´´Hace falta un trabajo de múltiples actores para reponer esta injusticia. Pero sobre todo una voluntad y política de Estado. Primero, como institución que ha estado en falta por decenios de abusos, despojos legales (desde antes de la sentencia de 2013), marginalización y explotación con esta población. Segundo, pues el Estado es la entidad principal garante de los derechos de los habitantes de una Nación y con capacidad a cambios estructurales. En nuestra historia reciente hemos visto como, gobierno tras gobierno, se mantiene un mismo “Pensamiento de Estado” de menosprecio y violencia hacia esta población. El Estado y sus instituciones tienen el deber y el alcance para promover que el cambio sea no solo en el marco legal, sino de igual modo en el plano social. Es de este modo que revertiremos esa doble dominación que hace que, por el menosprecio que se tiene de esta población se legitime que no tengan derechos legales, y el despojo legal se normalice porque “ellos” no están supuestamente a la altura de “nosotros”. De ahí la necesidad de imponer desde el Estado un accionar nacional apegado realmente a la igualdad de libertades y derechos para todas y todos. ´´, respondió el sociólogo.
Hagamos un repaso por la historia para intentar entender cómo se llegó hasta la desnacionalización en República Dominicana
La dictadura de Rafael L. Trujillo en República Dominicana duró de 1930 hasta su ajusticiamiento en 1961 y es dentro de este periodo cuando se introduce el racismo en el Estado dominicano, puesto que uno de los pilares de su ideología era el antihaitianismo y el “blanqueo” de la raza desarrollando una política xenófoba. Su abuela materna era haitiana y la negó, utilizando solo los apellidos que le acercaban a España (Trujillo y Molina), e incluso se empolvaba la cara para parecer más blanco.
En 1937 es responsable del genocidio de miles de haitianos y sus descendientes, en lo que se conoció como La masacre del Perejil.
Desde la invasión norteamericana de Haití en 1915 y de la República Dominicana en 1916 se acordó la contratación de mano de obra haitiana, para trabajar en los bateyes (Campos de caña en RD). Mucha de esa mano de obra se asentó aquí y sus descendientes, nacidos y criados en República Dominicana fueron reconocidos como dominicanos.
Pero en el 2007 el Estado dominicano, a través de la Junta Central Electoral (JCE), inició la negación de cédulas de identidad y actas de nacimiento. Documentos esenciales para estudiar, trabajar, cotizar en la seguridad social y solicitar un pasaporte.
Resolución 012-7, disponía la “Suspensión provisional de los actos del Estado Civil con indicios de irregularidades”, la cual ordenaba a los oficiales civiles a “abstenerse de expedir, firmar, copiar” y enviar a investigación las actas de nacimiento con sospecha de irregularidad.
A partir del 2011, un grupo de dominicanos descendientes de haitianos se organizaron en el Movimiento Reconocido para exigirle al Estado la restitución de su derecho a la nacionalidad. Este movimiento se ha integrado a la plataforma más amplia de Dominican@s por Derecho.
En septiembre del 2013, el Tribunal Constitucional (TC) dominicano, emite la Sentencia 168-13 por la cual le quita la nacionalidad a todos los que nacieron de padres con estatus migratorio en “tránsito” desde 1929 hasta el 2007. Es decir, con un efecto retroactivo de más de 90 años.
Luego de la presión nacional e internacional, el Presidente de la República de entonces, Danilo Medina (2012-2020) buscó una salida legislativa para atender la demanda de los dominicanos de ascendencia haitiana. En julio del 2014 entró en vigencia la Ley 169-14 que en teoría devolvería los documentos a los dominicanos desnacionalizados por la Sentencia 168-13 y regularizaría a los extranjeros que residían en el país desde antes de la emisión de la sentencia.
La Ley 169-14 dividió a las personas afectadas por grupos con letras:
Grupo A, aquellos que tenían documentos y fueron desnacionalizados, pero que en teoría les devolverían le documentación.
Grupo B, aquellos que nunca fueron registrados y quedaron inscritos en el libro de extranjería, a pesar de haber nacido en República Dominicana; pero hay un grupo que se quedó con la vida suspendida porque hasta hoy, no han entregado sus documentos ni como nacionales, ni como extranjeros.
“Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, y “A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. Eso lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Art. 15.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la sentencia es discriminatoria ante aquellas personas dominicanas de ascendencia haitiana, pobres y que fue tomada de manera arbitraria, ya que los afectados solo fueron hijos de haitianos, los de otras nacionalidades no fueron tocados o, mejor dicho, fueron tratados de otra manera.
A pesar de que la Ley 169-14 fue creada para reparar el daño producido por la Sentencia 168-13, hoy en día todavía se sigue luchando por el reconocimiento a la nacionalidad de dominicanos hijos de haitianos que ya gozaban de la misma con anterioridad.
En septiembre del 2023, se cumplió una década desde que se emitiera en el país la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que dejó a miles de personas sin nacionalidad, muchos de ellos aún hoy, siguen esperando una solución a una de las peores violaciones en materia de derechos, de las ultimas décadas. Vidas suspendidas, impedidas de estudiar y forjar un futuro.