La Cámara de Cuentas de la República (CCRD) resalta en su informe de Investigación especial 40 violaciones que afectaron el sistema financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) en la gestión de ocho años del mayor general Adán Cáceres Silvestre, preso en la cárcel de Najayo por acusaciones de delitos de corrupción.
Estás debilidades señalan en la auditoria practicada a las operaciones financieras y contables del Cusep afectaron dineros públicos por miles de millones de pesos.
En las operaciones financieras de la entidad, dirigidas por el coronel Núñez de Aza, mano derecha del general Cáceres Silvestre, se detectaron movimientos de recursos que fueron a parar a manos de particulares.
En la experticia, que abarca el periodo de 16 de agosto de 2012 hasta la misma fecha de 2020, surgieron hallazgos que comprometen legalmente a varios funcionarios militares y policiales que dirigieron el equipo financiero del Cusep, en los dos periodos de gobierno de Danilo Medina.
La investigación refiere que varios de los funcionarios del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial nunca presentaron declaración jurada de bienes.
Según la investigación, las autoridades de la entidad ejecutaban los presupuestos sin presentar estados financieros ni registrar las operaciones a través del Sigef (Sistema de información de gestión financiera).
Los cuestionamientos también señalan como irregularidad, que las autoridades no publicaban los procedimientos de compras y contrataciones en el portal administrado por órgano rector.
En el Cusep nunca existió un comité de ética, un portal institucional ni planes de compras y mucho menos presupuestos debidamente aprobados, según refiere el informe definitivo de la CCRD.
Los peritos pudieron confirmar que la entidad militar no registraba sus nóminas en la Contraloría General de la República (CGR), peor aún, varias de las nóminas de pagos no pudieron ser localizadas por los auditores de campo.
Durante la experticia, los investigadores tampoco pudieron localizar los contratos suscritos con suplidores de bienes y servicios (aparentemente los desaparecieron).
Durante los ocho años que el general Caseres Silvestre administró los fondos del Cusep, se malversaron dinero público a través de nominillas de personas ( militares, policías y civiles) que cobraban sin trabajar.
En ese mismo rubro, el órgano encargado de examinar las cuentas generales y particulares del Estado pudo confirmar sustracción a través de la nómina pagada al personal; así como también desembolsos a personal que laboraba en otras instituciones del gobierno.
Además de estas anomalías, los auditores encontraron que personal asignados al Cusep también tenían funciones en otras entidades oficiales; igualmente pudieron confirmar que parte del personal militar estaban sin funciones y otros prestaban servicios a terceros ( funcionarios).
Las autoridades financieras del Cusep incurrieron en pagos a compañías proveedoras sin llevar a cabo los procedimientos de selección que ordena la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones en el Estado.
El desorden fue tal, que se autorizaron desembolsos sin la presencia de facturas, y se pagaron expedientes de compras sin evidencia de certificaciones de pago a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
La CCRD cuestiona en su informe, que la entidad realizó descuentos del Impuesto Sobre la renta a empresas suplidores, que nunca fueron entregados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Se detectaron, asimismo, otros desembolsos de recursos públicos sin evidencia de recepción de los supuestos beneficiados.
En cuanto a las compras realizadas por la entidad, durante el periodo auditado, los investigadores analizaron expedientes sin órdenes de compras; adquisición de insumos sustentados con facturas con un mismo número de comprobante fiscal (NCF).
Asimismo, los auditores cuestionan que varios expedientes de compras carecen de formularios de entrada de almacén o certificación del insumo o servicios recibidos.
Pero las irregularidades continúan en el renglón de compras de combustibles, las autoridades incurrieron en compras de carburantes a empresas que, en ese momento, carecían de permiso o licencia para hacer ese tipo de negocio.
Las compras de Tickets de combustibles se hacían sin listados de beneficiarios anexo, y aún más grave, se registraron compras de galones de ese producto sin evidencia de distribución o consumo.
La investigación refiere que varios de los funcionarios del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial nunca presentaron declaración jurada de bienes.
Otras tantas irregularidades están consignadas en la resolución de la Investigación Especial practicada al Cusep, que pudieran comprometer a los imputados en la operación 5G.