Manuel Rocha, el embajador estadounidense arrestado en Miami, acusado de ser un agente encubierto al servicio del gobierno cubano habría encabezado una operación para adquirir las propiedades de norteamericanas en Cuba, confiscadas durante el gobierno de Fidel Castro, según un reportaje publicado este lunes por el periódico Miami Herald.
Rocha, de 73 años, según el trabajo periodístico, habría intentado adquirir dichas propiedades con el objetivo de transferir estas reclamaciones a la empresa Siboney LTD, en la Isla de Man, para, posteriormente, negociar con el gobierno cubano para posibles oportunidades de capital e inversión.
Para esto, el ex funcionario del gobierno de Estados Unidos se habría auxiliado de su socio Timothy Ashby, ex subsecretario adjunto de Comercio para el Hemisferio Occidental.
| Manuel Rocha, quien en República Dominicana fue el jefe de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, está acusado de actuar como agente de un gobierno extranjero, fraude de pasaporte y otros delitos, luego de descubrirse su colaboración durante más de cuatro décadas con elgobierno comunista de Cuba. Está previsto que comparezca ante un juez federal en enero próximo. |
Sobre los cargos contra Rocha, Ashby dijo sentirse sorprendido y llegó describirlo como un individuo “enérgico” y orientado al negocio, destacando su fuerte anticomunismo y afinidad por el Partido Republicano.
El trabajo del Miami Herald subraya que la trama surge en un contexto donde Estados Unidos mantiene 5.913 reclamaciones certificadas contra Cuba, con un valor estimado de 8,7 mil millones de dólares. Propiedades que, dicho sea de paso, serían un punto clave en la política del embargo estadounidense, y la resolución de estos es necesaria antes de que el referido embargo pueda ser levantado.
El medio relata que en el 2007, Carolyn Chester, hija de un experiodista vinculado al derrocado dictador Fulgencio Batista, rechazó una oferta de Rocha y Ashby, la cual consideró era demasiado baja. Esto, indica, profundizó las sospechas sobre las intenciones de la operación.
Agrega que los esfuerzos de Rocha y Ashby concluyeron luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros diera a conocer que para transferir las reclamaciones certificadas se necesitaría una autorización que nunca pudo ser obtenida.
Pese a las dudas sobre su legalidad, Ashby argumentó que el plan cumplía estrictamente con las normas y que lo concebía como una oportunidad de negocios que podría haber propiciado un acuerdo con el gobierno cubano.
Ashby, en su rol previo en el Departamento de Comercio y su influencia en la Fundación Heritage, relató que funcionarios cubanos se le habían acercado con la intención de resolver las reclamaciones en el pasado.
Figuras adicionales como el empresario colombiano Rodrigo Arboleda y el ex embajador de Canadá en La Habana, Mark Entwistle, aparecen relacionados con las actividades empresariales que buscaban gestionar los derechos de propiedad en disputa.