Por cuarta ocasión en trece años las Fuerzas Armadas han tomado el control total de la seguridad y gestión de los puntos críticos migratorios en la frontera terrestre, con el objetivo de regular la entrada de extranjeros indocumentados procedentes de Haití.
Varios gobiernos han recurrido al nombramiento de altos oficiales militares para reforzar la supervisión y el control de la migración haitiana en la frontera, confiando en las Fuerzas Armadas para alcanzar una solución que aún no se ha logrado.
Aunque las fuerzas militares juegan un papel crucial en las operaciones fronterizas, es importante destacar que la política migratoria es establecida y gestionada por el presidente de la república.
El expresidente Leonel Fernández nombró al vicealmirante Sigfrido Pared Pérez (2009-2011) en un contexto de denuncias por parte sectores de la población sobre una presunta corrupción de militares en la frontera, quienes permitían el ingreso de haitianos indocumentados a cambio de dinero.
Posteriormente, Danilo Medina nombró al mayor general Rubén Darío Paulino Sem (2015-2016) como director de Migración. Dicha medida formó parte de una estrategia para fortalecer la colaboración entre el Ejército de la República Dominicana, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y la Dirección General de Migración, con el objetivo de intensificar los controles en los puntos de entrada de inmigrantes en áreas no reguladas de la frontera con Haití.
Un año después, Paulino Sem fue nombrado ministro de Defensa, y en su lugar, el presidente Medina designó al general Máximo William Muñoz Delgado (2016-2020) para seguir implementando la misma estrategia que su predecesor.
La reciente designación del vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, nombrado este domingo por el presidente Luis Abinader como director de la Dirección General de Migración, coincide con las demandas de organizaciones y grupos que exigen la expulsión de extranjeros ilegales del país.
Es importante señalar que ninguno de los esfuerzos previos ha logrado resolver el éxodo irregular de extranjeros desde Haití, ni establecer mecanismos de repatriación que no sean calificados como vejatorios por organismos nacionales e internacionales.
La cuestión del éxodo ilegal, particularmente de haitianos, no solo debe abordarse desde un enfoque represivo, según expertos en la materia. Es necesario efectuar ajustes legales, como modificar la Ley General de Migración 285-04, para definir y aplicar sanciones más severas al ingreso ilegal de extranjeros.
Los informes señalan que, bajo las administraciones militares en la Dirección General de Migración, las deportaciones de indocumentados han aumentado, sin embargo, no se ha logrado minimizar el flujo irregular de inmigrantes a través de la frontera terrestre.
Repatriaciones que, de acuerdo con activistas proinmigrantes en República Dominicana, han estado marcadas por presuntas violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las personas en condición migratoria irregular.
Organizaciones como la Iglesia católica, Amnistía Internacional y los obispos fronterizos, entre otras, han advertido que el control migratorio ejercido por las fuerzas militares podría tener un impacto negativo en los derechos humanos de los inmigrantes haitianos, especialmente.
La designación del vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester como director de la Dirección de Migración marca un esfuerzo adicional del presidente Abinader para fortalecer los controles migratorios en la frontera.
Esta acción genera expectativas en un contexto donde la inmigración haitiana ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsada por el desplazamiento de cientos de miles de personas de áreas bajo el control de bandas criminales en Haití, y que mucho de los desplazados intentan buscar refugio en República Dominicana.