La Procuraduría General de la República apresó en la madrugada a los exfuncionarios peledeístas Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, imputados en un caso de corrupción multimillonario.
El apresamiento ocurrió luego de que los tres involucrados fueran citados a interrogatorios, además del actual director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y al protagonista involucrado como primer caso para poner en práctica el procedimiento: Bolivar Antonio Ventura Rodríguez, estrechamente vinculado con el senador Félix Bautista, y presidente de la conocida empresa de ingeniería DIPRECAL.
El documento con la autorización de la magistrada coordinadora de los Juzgados de Instrucción a investigar a los presuntos involucrados, con fecha de 23 de agosto del 2022 dice que actuaron de manera corrupta para estafar al Estado y obtener montos millonarios superiores a los 19 mil millones de pesos, “todo bajo manto y protección del ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, quien facilitaba los medios para girar los pagos burlando todo proceso de control administrativo legal”.
La trama del ministerio de Hacienda
Según el Ministerio Público (MP), el caso implica la compra de deudas viejas estatales a precios irrisorios, considerada la investigación de mayor magnitud entre las que lleva la institución.
El monto defraudado es de 19.7 mil millones de pesos, alrededor de 360 millones de dólares. La suma es mayor que el monto de la corrupción por sobornos atribuida a Odebrecht, que fue estimada en 92 millones de dólares.
La trama se organiza a partir de las cabezas de varias instituciones públicas, además del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo a la teoría fáctica del MP, para sustraer dinero del erario público se utilizaron expropiaciones de terrenos de áreas protegidas, se simularon compras y ventas de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, con el elemento común en todas esas deudas de un acuerdo entre las partes, con contratos de cesiones de crédito por más de 10,500 millones de pesos a personas de la entera confianza del ministro (Donald Guerrero), que en ocasiones utilizaron sociedades comerciales de carpeta, procediendo a su disolución tan pronto se cumplía su objetivo de desfalcar al Estado.
Señala que muchos de los protagonistas de la trama dependían directamente del Poder Ejecutivo, otros eran subalternos, y otros amigos de confianza.
En una parte del documento se afirma que “era recurrente que el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, mediante comunicación le instruyera al viceministro del Tesoro, Rafael Gómez Medina, registrar órdenes de pagos en el Capítulo 999 “Obligaciones del Tesoro” (Deuda administrativa) por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir los libramientos de pagos envueltos en esta investigación”.
Otras instituciones involucradas, con gestiones y cabildeos, eran la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado (OISOE), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), siempre bajo la supervisión y sombrilla del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.