La jueza Ana Lee Florimón del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este 21 de diciembre la audiencia de la revisión de la medida de coerción contra Gonzalo Castillo implicado en caso Calamar.
Según la defensa técnica del señalado dijo que con esta vista pretenden que sea variada la medida de arresto domiciliario.
El abogado Luis Rivas afirmó que a otros encartados en el caso se le ha levantado las medidas, por lo que "se impone" que su defendido tenga el mismo tratamiento.
Añadió que con este cambio de medida se puede continuar con las investigaciones del proceso y que se encuentran “listos para todo”.
El 6 de diciembre,la jueza Patricia Padilla ordenó la entrega de la carpeta fiscal al exministro de Obras Públicas.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público en la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), se detectó algunas irregularidades y violaciones legales a los contratos de suministro de material asfáltico AC-30 del Ministerio de Obras Públicas, por un costo de RD$ 325 millones 830 mil 826, que comprometen la gestión del exministro Gonzalo Castillo, en el gobierno de Danilo Medina.
Asimismo, detalla que los contratos para suplir el asfalto fueron adjudicados a la empresa General Supply, Corporation, que según los auditores de la CCRD al momento del convenio con el Estado carecía de licencia para operar en el mercado del petróleo y sus derivados, en violación al decreto 307.01.
Dicha auditoría también detectó impuestos y recargos dejados de percibir por el Estado ascendentes a RD$ 171,999,103, así como una diferencia en el AC-30 importado frente al facturado por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalente a RD$ 359,712,488.