Durante el gobierno de Danilo Medina, se autorizó a la empresa Aurix SRL, representada por José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, importar e instalar equipos para “monitorear” las elecciones generales de 2020. Estos dispositivos, valorados en 559.745 euros – equivalentes a más de 37 millones de pesos según la tasa oficial – se introdujeron sin el pago de los impuestos correspondientes.
Durante abril y mayo de 2020, Jochi Gómez adquirió en Alemania, a través de la empresa Globe Wakk, 12 cámaras de videovigilancia y 20 plataformas para software de comunicación celular por 333.000 euros, según el expediente acusatorio presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El documento sostiene que la empresa Aurix adquirió un total de 12 potentes láseres anticolisión, tanto frontales como traseros, por un monto de 23,400 euros. Estos sofisticados equipos se transportaron desde Alemania a República Dominicana a bordo de un vuelo privado, debido a las restricciones en áreas comerciales implementadas durante la pandemia de la COVID-19.
En la investigación de la PEPCA no se hallaron pruebas documentales de que estos equipos se presentaran en la Dirección General de Aduanas ni de que pagaran impuestos a otras entidades recaudadoras.
Aurix, “entidad asociada al Ministerio de Defensa,” se benefició de las excepciones decretadas por el presidente Luis Abinader en diciembre de 2020 para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las agencias de inteligencia, lo que le permitió importar discrecionalmente equipos y tecnología para la seguridad nacional en la frontera.
Recientemente, el director de Operaciones de Aurix, Aquiles Jiménez, afirmó que la empresa de inteligencia privada opera 200 drones y tecnología satelital en la frontera terrestre y el Gran Santo Domingo, para suministrar información confidencial a la presidencia de la República.
Durante los allanamientos de la Procuraduría General en las oficinas de Aurix, se confiscaron diversas evidencias físicas y digitales, incluidas conversaciones internas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de investigación y de inteligencia del Estado.
La semana pasada, la jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de coerción a Jochi Gómez y a otros dos imputados por un contrato irregular entre el Intrant y Transcore Latam, que supera los 1.300 millones.