El ex procurador Jean Alain Rodríguez denunció, a través de su Consejo de Defensa, que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) "activó acciones mediáticas de contrafuego ante los recientes escándalos de corrupción que han dejado al descubierto bochornosos comportamientos evidenciados en las últimas indagatorias auditadas a su propia gestión".
"Dejándose instrumentar del gobierno, la PEPCA utiliza la lectura de esta acusación para desviar la atención de la ciudadanía frente a estos gravísimos escándalos, lo que se evidencia al suministrar a la prensa informaciones sobre supuestos fraudes, en lugar de sustentar la acusación en el tribunal", expresaron miembros de ese Consejo.
En esta ocasión, manifestaron los abogados defensores, los miembros de la PEPCA "han presentado a la prensa una novelesca historia de irregularidades en el suministro de alimentos a los privados de libertad durante la gestión 2016–2020, con el contrasentido de que la actual gestión mantuvo esos mismos suplidores de alimentos hoy acusados y les pagó más de RD$200 millones de pesos y luego los contrató de nuevo, aumentando en casi 500 millones de pesos anuales el gasto previo para los mismos 27,000 privados de libertad".
“En las licitaciones realizadas por la gestión 2016-2020 ganaron las empresas que ofrecieron los mejores precios y la PEPCA no pudo probar lo contrario; de hecho, tuvo que aumentar en RD$500 millones el gasto anual", insistió el texto del exprocurador atribuido a sus defensores.
La PEPCA, prosiguió este escrito, "tampoco pudo probar que nunca faltó un desayuno, un almuerzo o una cena de calidad en 4 años, ni presentó evidencia de un solo motín por falta de comida o mala calidad en las entregas o hasta un testimonio de un privado de libertad quejándose".
Es decir, agregó el abogado Gustavo Biaggi apuntando siempre contra la PEPCA, "al no tener un caso contra Jean Alain Rodríguez, al no haberle encontrado un solo peso de enriquecimiento, pretende culparlo con 12,700 páginas de la novela contenida en su acusación, llenas de absurdas historias que describen hasta un caldo de sopa de alegada menor calidad en la comida de los privados de libertad".
La abogada Nelys Rivas complementó: “El Ministerio Público presentó en su acusación que diversas empresas suplidoras de alimentos fueron constituidas por relacionados de Jean Alain Rodríguez (entre ellos su cuñado) cuando lo designan procurador a partir del año 2016 y hemos probado que esas empresas fueron constituidas en los años 2012-2014″.
“Al finalizar la lectura de la acusación -prosiguió Rivas- enviaron a la prensa imágenes de alimentos sacadas de internet con supuestos gusanos para entretener, engañar y desviar la atención de los ciudadanos ante las gravísimas y bochornosas denuncias de irregularidades realizadas por la Contraloría General de la República en esta semana a diferentes instituciones del actual gobierno".
Este viernes prosigue audiencia judicial del Caso Medusa
La continuación de la audiencia preliminar del proceso por el Caso Medusa de corrupción que tiene a Jean Alain de protagonista proseguirá este viernes 30 a partir de las 9.00 de la mañana.
Además de Rodríguez, el órgano acusador involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la operación Medusa enfrentan cargos criminales por supuestamente cometer los ilícitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, "acompañado de más de 3,500 pruebas", incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.