Descendientes de haitianos denunciaron este lunes que las autoridades dominicanas están poniéndoles trabas administrativas que les dificultan la recuperación de la nacionalidad dominicana, de la que fueron despojados por medio de una sentencia en 2013.
La plataforma Dominican@s por Derecho (DXD) afirmó que, "debido a la implementación de políticas excluyentes que limitan el acceso a servicios públicos, en los últimos dos años se han estancado los pocos avances alcanzados con la implementación de la ley 169-14″, promulgada hace ocho años.
Esa ley permitió optar a la nacionalidad dominicana a miles de personas que fueron despojadas de la ciudadanía un año antes, en 2013, por medio de una polémica sentencia del Tribunal Constitucional, que decidió que los hijos de los extranjeros indocumentados no son dominicanos.
Como muestra de las "barreras" administrativas, denunciaron el cierre del departamento del Ministerio de Interior y Policía que daba seguimiento al proceso de registro especial, dejando en el limbo a 7.498 dominicanos de los que aplicaron al proceso de restitución de la nacionalidad.
La activista Ana Belique dijo a Efe que esa es una de las oficinas públicas que "no volvió a abrir" después del cierre de la administración, decretado al inicio de la pandemia.
La documentación entregada por las autoridades dominicanas a este grupo se encuentra vencida "y se les exige renovar como extranjeros", afirmó la citada plataforma.
Además, aseguraron que la Junta Central Electoral (JCE), ente responsable del registro civil, "continúa la práctica" de inscribir a descendientes de haitianos en libros de extranjería, aunque cuenten con el derecho de obtener la nacionalidad dominicana.
También, según los activistas, la JCE ha demandado en los tribunales a dominicanos "que ya cuentan con un registro de nacimiento correctamente sustentado".
La polémica sentencia de 2013 se aplicó de forma retroactiva a los nacidos después de 1929, retirando la nacionalidad dominicana a decenas de miles de hijos de haitianos, muchos de los cuales se quedaron apátridas en ese momento.
Las críticas internacionales suscitadas por la resolución llevaron a las autoridades dominicanas a elaborar la Ley 169-14 con la que ofrecieron la nacionalidad a una minoría de los afectados, los que ya tenían documentos de identidad dominicanos.
Esa ley también estableció un plan de regularización para miles de descendientes de haitianos que, por estar indocumentados, no podían optar a la nacionalidad dominicana.