Global Americans le advirtió al Gobierno del presidente Joe Biden que la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), que asocia a República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Ecuador, es el bloque regional predispuesto a entregarle en bandeja de plata una posibilidad del éxito regional que anhela en migración, clima, abastecimiento y afinidad política.

Bajo el título "Alianza para el Desarrollo en Democracia. Un socio pasado por alto para Estados Unidos", la organización sin fines de lucro Global Americans acaba de publicar un análisis que concluye: "En un momento en que muchos de estos vecinos son ambivalentes o abiertamente hostiles a los intereses y valores de Estados Unidos, iniciativas como la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) son más importantes que nunca. Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá han tomado la iniciativa. Es hora de que Estados Unidos responda" y priorice con este bloque avances en temas de comercio, inversión, migración y clima.

El autor del análisis es Robert Carlson, editor de Global Americans con un pasado con cargos en la OEA y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y aportes de análisis para The National Interest y The Diplomat.

El texto de Global American recuerda que la semana pasada, en la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, California, el presidente ecuatoriano. Guillermo Lasso, anunció la integración de su país a la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), lanzada en 2021 por República Dominicana, Costa Rica y Panamá.

Se trata de una alianza que "no contiene grandes poderes y tiene una población combinada de menos de 40 millones de personas, pero puede ser el mejor aliado hasta ahora para Estados Unidos, en una era de fragmentación regional".

Acento proporciona a continuación una traducción no oficial del texto de la organización Global Americans, que arranca recordando el malestar latinoamericano derivado de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre para luego centrarse en cuestiones de fondo tales como el inmenso potencial que tiene EEUU con la ADD, si juega bien sus cartas.

En las semanas previas a la Cumbre de la semana pasada, las discusiones sobre quién sería invitado eclipsaron cuestiones de fondo. Cuando los funcionarios estadounidenses, en su papel de anfitriones de la conferencia regional confirmaron la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la lista de invitados, los líderes de todo el hemisferio expresaron su descontento. Muchos amenazaron con boicotear el evento.

Al final, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en representación del mayor socio comercial de Estados Unidos en la región, no asistió. Los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras, tres de los principales países de origen de inmigrantes a los Estados Unidos, también estuvieron ausentes. Los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil y Alberto Fernández de Argentina asistieron a regañadientes. Según los informes, Bolsonaro aprovechó la ocasión para pedirle a Biden que interfiera en su nombre en las elecciones de su país (con Lula favorito a reemplazarlo) y Fernández criticó a sus anfitriones por negarles a los tres países autoritarios un asiento en la mesa.

El comportamiento reciente de países como Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras y México ha puesto de manifiesto una realidad difícil de la política latinoamericana: muchos de los líderes de la región tienen solo un compromiso tenue con el estado de derecho y la democracia, ya sea en sus propio país o en otro lugar.

A pesar de estos desacuerdos, el gobierno de EEUU ha buscado con razón áreas de cooperación con cada uno de estos países. En México y el Triángulo del Norte, Estados Unidos ha buscado asistencia en materia de migración. En los países más grandes de la región, los funcionarios estadounidenses han buscado cooperación en materia de cambio climático, comercio e inversión.

Pero en su esfuerzo por calmar a los socios reacios en la región, los funcionarios estadounidenses corren el riesgo de ignorar a los gobiernos latinoamericanos y caribeños que siempre han apoyado los intereses y valores estadounidenses. La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), con sus compromisos con el crecimiento sostenible, la prosperidad compartida, la democracia y el estado de derecho, une a cuatro de estos gobiernos en un bloque regional.

Oportunidades de colaboración

A primera vista, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá no son tan centrales para los intereses estadounidenses como otros países de la región. Pero como señaló en febrero el canciller dominicano, Roberto Álvarez , las economías combinadas de la Alianza para el Desarrollo en Democracia constituían el tercer mayor socio comercial de Estados Unidos en la región, incluso antes de la adhesión de Ecuador.

Los tres miembros fundadores son miembros del Tratado de Libre Comercio de América Central y, como demuestra la investigación del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Global Americans sobre las Relaciones entre EE. UU. y Ecuador, también existen amplias oportunidades para la integración comercial entre EE. UU. y Ecuador. La Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, lanzada por el presidente Biden en Los Ángeles, debería dar a los miembros de ADD un papel central.

En materia de migración, la Alianza para el Desarrollo en Democracia es igualmente crítica para los intereses estadounidenses. En 2021, Ecuador ascendió al cuarto país de origen más grande de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Un número creciente de refugiados e inmigrantes venezolanos ha cruzado el Tapón del Darién en Panamá , una región insegura y escasamente poblada a lo largo de la frontera del país con Colombia. Y menos de un año después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, los haitianos continúan huyendo de su país, a menudo pasando por República Dominicana, Panamá o Costa Rica. Mientras Estados Unidos y la región buscan implementar la Declaración sobre Migración y Protección, firmado en Los Ángeles la semana pasada, los países ADD serán tanto jugadores clave como socios dispuestos.

Finalmente, los miembros de la ADD son interlocutores importantes para que Estados Unidos logre sus objetivos climáticos y de sostenibilidad. En la Cumbre de las Américas, la vicepresidenta Kamala Harris anunció la Alianza entre Estados Unidos y el Caribe para abordar la crisis climática de 2030, reconociendo la vulnerabilidad única del Caribe ante el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de las temperaturas. Como ha escrito el Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Global Americans sobre el Cambio Climático en el Caribe , la República Dominicana debería ser un socio importante en esta asociación, a caballo entre las islas del Caribe y los estados de habla hispana de América Latina.

Nearshoring y Friendshoring

A cambio de la cooperación de la alianza en comercio, inversión, migración y clima, Estados Unidos debe ir más allá de la retórica de apoyo y brindar beneficios concretos a los países miembros. El apoyo al nearshoring/friendshoring es la forma más tangible en que EEUU puede estimular el crecimiento de la Alianza para el Desarrollo en Democracia y, al mismo tiempo, promover los intereses estadounidenses.

Desde 2020, la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y las crisis económicas resultantes han dejado al descubierto los riesgos de las cadenas de suministro remotas , particularmente en países autoritarios como China y Rusia que no comparten ni los valores ni los intereses estadounidenses. Las altas tasas de inflación actuales son en gran parte consecuencia de estas interrupciones imprevistas. Las administraciones de Trump y Biden han respondido a los riesgos de la cadena de suministro abogando de diversas maneras por la relocalización (reubicación de cadenas de suministro dentro de los Estados Unidos), nearshoring (reubicación de cadenas de suministro más cerca de los EEUU) y “friendshoring” (reubicación de cadenas de suministro en países amigos).

Los miembros de ADD están cerca de los Estados Unidos, tanto por su ubicación como por su actitud hacia los mercados y el estado de derecho. Son candidatos ideales para el nearshoring y el friendhoring, como han reconocido funcionarios estadounidenses en su decisión de formar una alianza estratégica con la ADD. Y ubicar las cadenas de suministro en estos países, en lugar de dentro de los Estados Unidos, ofrece a las empresas la oportunidad de limitar el riesgo y al mismo tiempo beneficiarse de costos más bajos. Sin embargo, ha habido poco movimiento hacia el nearshoring/friendshoring, ya sea en la política estadounidense o en la reubicación de empresas.

De la retórica a los resultados

Para cerrar la brecha entre la retórica de apoyo y los resultados concretos en la externalización cercana, los legisladores de EE. UU. tienen varias opciones de política a su disposición.

Primero, Estados Unidos debería aprovechar su acuerdo comercial de fase uno con Ecuador, firmado en 2020, con una mayor liberalización del comercio y las inversiones entre los dos países. Ecuador ya ha tomado medidas unilaterales para atraer inversiones; Estados Unidos puede alentar un mayor progreso. En el corto plazo, el Congreso debería renovar el Sistema Generalizado de Preferencias, que otorga acceso libre de aranceles a las importaciones de Ecuador y otros países en desarrollo. El Senado aprobó la Ley America COMPETES y la Cámara aprobó la Ley de Innovación y Competencia de EEUU para hacer exactamente esto, pero desde entonces los proyectos de ley han languidecido en el comité de la conferencia. Los líderes de la Cámara y el Senado deben acelerar el proceso. En el mediano y largo plazo, el Representante Comercial de EEUU debería profundizar las negociaciones comerciales con Ecuador para lograr reformas bilaterales duraderas.

En segundo lugar, los funcionarios de EEUU deberían brindar mayor claridad regulatoria a las empresas que deseen trasladar sus cadenas de suministro a países amigos de la cuenca del Caribe, incluidos los países miembros de ADD. Cuando operan en el extranjero, las empresas estadounidenses deben cumplir con ciertas regulaciones del gobierno de los EEUU, ciertas regulaciones de gobiernos extranjeros y sus propias obligaciones de gobierno corporativo en temas que van desde el trabajo y el medio ambiente hasta la lucha contra la corrupción y la responsabilidad social. El gobierno de EEUU puede ayudar a las corporaciones a cumplir con estas reglas de dos maneras. Primero, los funcionarios pueden ofrecer información sobre las regulaciones existentes y los mecanismos de cumplimiento. En segundo lugar, Estados Unidos puede utilizar su poder de convocatoria para ayudar a los países del ADD a simplificar sus regulaciones para atraer una mayor inversión.

Finalmente, en la medida en que los legisladores estadounidenses participen en la política industrial, no deberían discriminar entre Estados Unidos y los países amigos de la cuenca del Caribe. Durante los últimos años, los políticos estadounidenses han propuesto una serie de incentivos para que las empresas reubiquen su producción en Estados Unidos. Algunas de estas medidas, como el gasto en infraestructura y educación, harían que la economía estadounidense fuera más competitiva y, naturalmente, atraerían a empresas que buscan una fuerza laboral productiva y un clima de inversión de alta calidad. Otros, como los aranceles de la administración Trump contra China y el requisito de "Compre estadounidense" de la administración Biden para la contratación pública, distorsionan la economía y elevan los precios en un momento en que la inflación ya es el problema principal que enfrenta la mayoría de los estadounidenses.

Para evitar convertirse en una forma de “ proteccionismo de puerta trasera ”, escribe Richard Feinberg, miembro del Consejo Asesor de Global Americans, las políticas industriales de Biden deberían ofrecer los mismos beneficios.a las empresas que invierten en la cuenca del Caribe que ofrecen a las empresas que invierten en los Estados Unidos. Los fondos designados para los centros tecnológicos de EEUU podrían incentivar fácilmente los centros de alta tecnología en todo el Caribe, aprovechando las zonas de libre comercio existentes.

Así como las empresas pueden recibir préstamos de bajo costo para trasladar sus cadenas de suministro a los Estados Unidos, deberían poder acceder a los mismos préstamos a través del Banco de Importación y Exportación y la Corporación Financiera de Desarrollo.

Al igual que la política industrial Made in America, una posible política Made in the Americas alentaría a las empresas a reubicar sus cadenas de suministro hacia costas más seguras. Pero la política Made in the Americas tiene una ventaja adicional: costos laborales más bajos y, a su vez, precios más bajos para los consumidores estadounidenses.