Los hallazgos de supuestas irregularidades financieras en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) apuntan a que funcionarios de la entidad incurrieron en gastos generales por RD$ 3,156 millones 611,029, mediante operaciones no transparentes y con indicios graves de corrupción.
Los gastos presupuestarios del Cusep por el período 2012- 2010 no tuvieron el debido monitoreo de la Contraloría General de la República (CGR), que nunca instaló una unidad de auditores externos que dieran seguimientos a las operaciones financieras de la seguridad presidencial.
Estas anomalías motivaron a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a pedir a la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) la realización de una investigación especial a los estados financieros y contables de la entidad, la cual arrojó irregularidades que comprometen aún más al grupo de exfuncionarios militares imputados en la Operación Coral 5G.
La investigación resalta los negocios hechos por las autoridades del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial con empresas suplidoras de combustibles, que carecen de licencia o permisos de operación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para operar.
Los contratos irregulares con estas sociedades corporativas ascendieron RD$ 464 millones,463 mil, 401, según revela la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) correspondiente al periodo 2012-2022.
Asimismo, la investigación arrojó que una empresa, propiedad de los padres y hermanos de un alto oficial de la entidad, resultó beneficiada con 19 contratos de compras de combustibles por un monto de RD$ 77. 5 millones de pesos.
Las compañías que suplieron de combustibles al Cusep fueron identificadas por la CCRD como Optumus EIRL, SOS Carretera C por A, Rawel Importadores S.A y Erick Gas 2020 SRL; ningunas de estas cuatro entidades proveedoras contaban con licencia o permiso permanentes para comercializar combustibles en ese momento.
Las compras se realizaban sin disponer de reglamentos internos para la recepción y distribución de los combustibles adquiridos, violentando de esa manera los procesos de Control Interno, señala la experticia financiera.
Contratos con empresas sin licencia para operar
Asimismo, las autoridades de la seguridad presidencial favorecieron con contratos a la compañía SOS carretera C por A, por el monto de RD$ 54 millones 427 mil 091, que, además de no tener licencia de distribución, carece de domicilio físico.
La experticia indica que la empresa Erick Gas 2020 SRL, que tampoco cuenta con permiso de operaciones, las autoridades del Cusep les depositaron RD$ 218 millones 396 mil 592 por concepto de compras de carburantes.
Compañía vincula a familiares de funcionario
Conforme a la Investigación, la sociedad Rawel Importadores S.A, que operaba como empresa intermediaria en la venta de combustibles que sólo facturaba y recibía los pagos, pero eran otras compañías las que suministraban el insumo.
Según la indagatoria del órgano regulador, esta empresa recibió desembolsos por RD$ 121 millones 926 mil 235. En ese momento, esa sociedad comercial estaba representada por los padres y dos hermanos del coronel Rafael Núñez De Aza, director financiero del Cusep.
“(…) evidenciamos que sus accionistas, poseen lazos de consanguinidad con el director financiero Rafael Núñez de Aza, según se pudo evidenciar en la Declaración jurada presentada por este ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en fecha 15 de septiembre de 2020.”
La madre del oficial que fungía como presidente de la entidad comercial, vendió recientemente todas sus acciones al señor Wellington Fernández Madera, según certificó la Cámara de Comercio y Producciones de la República Dominicana, a los investigadores.
La compañía Rawel Importadores S.A también realizó ventas de combustibles al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) por la suma de RD$ 77 millones, 505 mil, 077, donde el director financiero también lo fue el coronel Núñez de Aza.
La CCRD subraya en su informe que el artículo 146 de la Constitución de la República refiere que “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico.”
Compra de combustibles sin aparente consumo
Al examinar los expedientes de compras del Cusep, los auditores también confirmaron la adquisición de 994 mil 112 galones de gasolina premium y gasoil Óptimo por un monto de RD$ 204 millones, 132 mil, 455, sin que se encontraran documentos que demuestren su distribución y consumo.
El órgano fiscalizador señala que el decreto 526-09 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental establece que "Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo, especificando la documentación de soporte de los registros realizados y las condiciones de su archivo.”
Lo que dice la resolución del Industria y Comercio
Los investigadores apuntan que la resolución número 72, de 28 de marzo de 2017, establece, entre otros puntos, que las estaciones de expendio de combustibles y plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) y otros carburantes, que a la fecha (28-3-2018) se encontraban sin licencias de operación luego de cumplido el plazo de 90 días, no aplicarían para el programa de regulación del Ministerio de Industria y Comercio. por lo cual estas compañías no estaban autorizadas para hacer negocios de combustibles.
Autoridades confirman ilegalidad de empresas
Sobre ese punto, el director jurídico del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, en una comunicación a los auditores de la Cámara de Cuentas refiere que “ (…) por el presente certifico que en nuestros registros no figura permiso ni licencia para la distribución de combustible a favor de las entidades comerciales Rawel Importadores, S.R.L, Optumus EIRL, SOS Carretera C. por A.”
Asimismo, el teniente coronel José Manuel José Pérez, actual encargado del departamento Financiero del Cusep, dice en una comunicación que “Se desconocen las razones por la cual la entidad haya realizado negocios con sociedades comerciales distribuidoras de combustibles, sin que las mismas estén habilitadas mediante certificación de permiso o licencia para la distribución del mismo.”