La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) destacó que el proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la Ley No.137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas es un avance para la institucionalidad dominicana en aras de otorgar protecciones reforzadas a las personas que son víctimas de comercio y tráfico humano.
En ese sentido, Finjus celebró la aprobación de esta normativa, donde se otorga especial atención al consentimiento de la víctima y la no exoneración de la pena, así como el tratamiento especial a comunidades vulnerables como niños, niñas, adolescentes y personas discapacitadas.
Entiende que es atribución esencial de las autoridades competentes perseguir, capturar y castigar a quienes con sus actuaciones vulneren la estabilidad social, el bien común y el desarrollo pleno del país.
Precisó que la referida atención debe centrarse en la penalización de todas las organizaciones criminales que se enriquecen con el tráfico ilegal de personas, coartando derechos y amenazando el disfrute de las libertades individuales.
Finjus exhortó a las autoridades competentes reforzar sus mecanismos para mitigar este fenómeno e implementar medidas que frenen la acción de bandas organizadas dedicadas a la trata y tráfico de personas.
“Las redes clandestinas dedicadas a esta actividad han hecho un negocio que representa una grave amenaza a los valores democráticos del país”, subrayó, indicando que deben ser perseguidos y castigados las personas que realicen esta acción.