El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la prisión preventiva impuesta a Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), por su presunta vinculación a red de supuesta corrupción desmantelada bajo la Operación Anti Pulpo.
El Tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público de que Rosa continúe cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El organismo acusa a Rosa de formar parte del supuesto entramado de corrupción que dirigió Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y quien también permanece en prisión preventiva, acusado de estafar al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes.
Sobre el tema, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ponderó la decisión, al destacar que no hay razones para variar la medida de coerción.
“Se acaba de revisar la medida de coerción de Fernando Rosa, la revisión obligatoria, y se acaba de confirmar la medida de coerción”, detalló sobre la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero.
También dijo: “esa es la decisión que en Derecho debía de tomarse, toda vez que no se han presentado presupuestos y no hay razón jurídica como para que la coerción sea variada”.
Enfatizó en que “hasta ahora no existe una sola razón jurídica para que la medida de coerción de Fernando Rosa sea variada y en consecuencia ha sido confirmada”.
Camacho encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia, del cual también formaron parte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, Elizabeth Paredes, Héctor García y Ernesto Guzmán Alberto.
Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
En el caso además está involucrada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Alexis Medina.
También, el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
El pasado 1 de agosto, por su vinculación al caso, el juez Peguero impuso medidas de coerción a Carlos Montes de Oca, quien recibió prisión preventiva por tres meses para cumplirla en el CCR Najayo Hombres, y Paola Mercedes Suazo, a quien le impuso garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.