En el Gobierno de Danilo Medina, el ingeniero Diandino Peña gastó de manera no transparente el 90 % de los recursos destinados para la Construcción de las líneas uno y dos del Metro de Santo Domingo, según consta en el informe de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD).
La gestión del ingeniero Peña recibió RD$ 33,703,585,909 durante los últimos cinco años de su administración, de los cuales más de 30,000 millones fueron utilizados irregularmente en obras de construcción, compras, mantenimiento, compensaciones por desalojos y pagos de nóminas del personal de la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte (Opret) violando leyes y procedimientos vitales, indica el informe de la auditoría.
En 2017, Diandino Peña, quien ha sido interrogado en diversas ocasiones por fiscales de la Procuraduría Especialidad de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCE) en relación con el supuesto manejo irregular de fondos públicos, fue destituido por el presidente de entonces Danilo Medina, tras fuerte denuncias de corrupción en la construcción del Metro.
Las operaciones financieras de la Oficina Gubernamental para el Reordenamiento del Transporte (Opret) están contenidas en la Investigación Especial de la Cámara de Cuentas a los estados financieros y contables de la entidad, durante el periodo de 2013-2017.
La Cámara dice que el peritaje se realizó de acuerdo las normativas aplicadas a los procesos de compras y contratación de bienes y servicios, de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCCP).
En consecuencia, el órgano recurrió también para la investigación especial a las normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público, de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), al manual de Requisito Técnico, de la Controlaría General de la República (CGR) y otras normas y leyes afines.
En el informe de la auditoría se detectaron 40 irregularidades financieras que, supuestamente, fueron cometidas durante los procesos de contratación y ejecución de la líneaB-1 y B-2 del Metro; esto representan un aproximado del 90 % de los ingresos recibidos por la Opret durante el periodo fiscalizado.
La Investigación Especial se centró, de acuerdo con el órgano de control externo del Estado, en revisar y analizar técnicamente cada expediente de obras de las partidas medibles y no medibles, utilizando procesos de revisión de control técnico de las no califican como medibles.
Los detalles revelados en el informe definitivo de la Cámara de Cuentas indican que al menos 204 contratos de obras presentaron irregularidades en los contratos que afectaron el patrimonio del Estado por miles de millones de pesos.
Se llevaron a cabo, de acuerdo con la auditoría, evaluaciones técnicas a las obras construidas y en procesos, con el objetivo de determinar si las partidas ejecutadas se ajustan a las presentadas en las últimas cubicaciones y si son proporcionales a los pagos emitidos por la Opret, en la administración de Diandino Peña (2005-2017).
En 2013, la Oficina Gubernamental para el Reordenamiento del Transporte recibió ingresos por la suma de RD$ 7,056,738,627; al siguiente año se le asignó el monto de RD$ 6,477,369,530.
En 2015, la entidad obtuvo fondos de 8.922,275,805, y un año después el presupuesto se redijo a RD$ 5,543, 426, 111 y en 2017, la partida presupuestaria fue casi similar a la anterior de RD$ 5,663,778,836. Estos recursos fueron invertidos, supuestamente, en obras y mantenimiento de las líneas del Metro de Santo Domingo.
Sin embargo, durante el periodo auditado (2013-2017), la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte tenía obras pendientes de terminación por un monto de RD$ 72,699,778,402 para las líneas 2, 3 y 6 del Metro de Santo Domingo, muchas de las cuales al cierre de la auditoría estaban en proceso.
Según los auditores, el monto de pago a suplidores dominicanos es de RD$ 486,138,914, mientras que el pago pendiente a compañías proveedoras internacionales es de RD$ 2,73J21.766. Se han presentado varios créditos pendientes desde 2007, según indica uno los anexos de la auditoria.
Asimismo, la Opret contrajo compromisos de pagos con el Ministerio de Hacienda por la suma de RD$ 619,372,578, durante el periodo de 2014-2016, el informe no aclara si el monto de la cuenta fue saldado o aún sigue pendiente.
La entidad aplicó retenciones a contratistas y empleados por el monto de RD$ 870,711,114, que nunca reportó a las instituciones correspondientes, y se le habría dado un uso discrecional por parte de las autoridades anteriores de la Opret.
Los ingresos dejados de entregar incluyen el impuesto sobre la renta, el 1 % al Codia, el ITBIS; la Ley 6-86 (FP) y el 10 % del gasto administrativo cubicado, además del alquiler de equipos y otros servicios.
La investigación revela que la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte registraron excedentes o faltantes en la aplicación de sus recursos en los años 1013 hasta 2017 por la suma de RD$12,688,108,276.
La Cámara de Cuentas indica, asimismo, que durante el periodo 2013, 2017 la entidad gubernamental pago RD$7,259,963,559 por concepto de mantenimiento del Metro de Santo Domingo; la mayoría de los contratos, según los investigadores, fueron irregulares debido a que no se cumplieron los procesos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la Dirección General de Contrataciones Públicas.