Los propietarios de un local que aloja un pequeño cuartel de la Policía Nacional en la comunidad de Matanzas, en el municipio Puñal, provincia Santiago, dieron una tregua a las autoridades para que paguen cuatro meses de alquiler que le deben, según aseguraron.
Los propietarios del local (una casita de madera) narraron que las autoridades deben RD$ 16, 000.00, motivo por el cual habían tomado la decisión de cerrar el destacamento, para lo cual un hijo de la dueña llegó con una tabla y martillo con clavos en mano.
Los propietarios del local desistieron del cierre gracias a la intervención de la activista social y regidora Leonocia Victoria Ramos (pariente de los propietarios del local), presente en el lugar, quien advirtió de las consecuencias que tendría clausurar el cuartel con un agente dentro.
La regidora se comprometió a tramitar una solución al problema ante el director de la Policía Nacional en Santiago, general de brigada Juan Bautista Jiménez Reynoso, lo que aceptó de inmediato el hijo de la dueña por herencia de la propiedad.
La regidora, elegida en la boleta del Partido Revolucionario Moderno (PRM), intervino luego que sus familiares propietarios intentaran clavar la tabla para sellar la puerta del local y así impedir la operatividad del cuartel.