En enero del año 2021, la empresa Aurum Gavia S.A. depositó al Ministerio de Medio Ambiente una solicitud de permiso para exportar cinco mil toneladas de baterías usadas, sin que dicha petición fuera aprobada por el organismo.
Fue, a raíz de esa negativa, que la compañía Aurum Gavia S.A., propiedad del empresario sueco Moise Tschanen, entró en contacto con Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota a través de un conocido, poniendo así en marcha una cadena de eventos que terminarían con el homicidio de su amigo y titular de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.
En una entrevista realizada por la periodista Alicia Ortega, Tschanen explica que luego de reiniciar el proceso de la solicitud, él y su socio Shlomi Pilo, conocieron a Cruz de la Mota, quien se presentó como un empresario con varios negocios en República Dominicana y destacó su amistad de más de 30 años con el funcionario.
Cruz de la Mota organizó una reunión con Jorge Mera para que los empresarios pudieran presentar el proyecto personalmente, la cual fue pautada para el 2 de junio de ese año.
Pilo destaca que a su llegada, recibieron un trato privilegiado, pudiendo dejar el vehículo en el que se desplazaban en la entrada del Ministerio y sin necesidad de ingresar al interior de la edificación sin pasar por los detectores de metales y sin identificación.
Tras la reunión, Jorge Mera los refirió al departamento legal de Medio Ambiente, explicándole a Cruz de la Mota que el trámite era solo de seguimiento.
En los siguientes tres meses, según cuenta Moise Tschanen, el interés de Cruz de la Mota en el proyecto se intensificó, queriendo ahora participar como socio, pero en lugar de invertir un capital en el proyecto, su participación sería la de ayudar con la obtención del permiso.
Los propietarios de Aurum Gavia S.A. sostienen que entre no supieron nada de Cruz de la Mota entre septiembre de 2021 y febrero de este año, por lo que optaron por reintroducir la petición de aprobación del proyecto, pero en esta ocasión con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente.
Agregan que incluso arrendaron un terreno en Manoguayabo, en el cual también se manejarían chatarras, parte del negocio en el que se especializa la empresa, y en una segunda etapa, la exportación de baterías. La inversión sería de unos dos millones de dólares.
Es el 1 de febrero cuando Cruz de la Mota reaparece, esta vez para informarles que la licencia está depositada en Medio Ambiente, pero que si no es incluido como socio del proyecto, no obtendrían la aprobación, exigencia que fue rechazada.
Al día siguiente, Cruz de la Mota volvió a contactarles, esta vez, presentando documentos de permisos otorgados a otras empresas para la exportación de baterías. Tschanen sostiene que la exigencia era similar, aunque ahora se sumaba la petición de 20 mil dólares, lo cual fue rechazado nuevamente. Fue la última vez que estuvieron en contacto.
Los empresarios aseguran que el pasado 18 de mayo, en reunión con un alto funcionario del Gobierno, el cual no identificaron, expresaron los problemas que habían tenido con Cruz de la Mota. El funcionario, afirman, haría el reporte de manera oficial de la denuncia.