La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) destituyó a la directora del Centro de Retención Vehicular (Canódromo el Coco), la coronela Ysabelita de los Santos Pérez.
La coronela fue destituida horas después de la agresión sufrida en el Canódromo el Coco por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, su secretario general y algunos miembros de la prensa.
El general de brigada de la PN Ramón Guzmán, director general de la Digesett, firma el respectivo memorándum de destitución de la coronela, donde informa que de manera interina ocupará ese cargo el teniente coronel Hipólito Rijo Santana.
El documento no alude a la suerte de los autores de la agresión.
No obstante, en una nota de prensa adicional previa, la Digesett calificó como "un hecho muy lamentable" lo ocurrido y ordenó "una amplia investigación".
Esa nota desmiente al defensor del pueblo al sostener que "no hubo ningún tipo de notificación previa" de la diligencia de inspección que iba a ejecutar, notificación por lo demás no prevista en la ley y suscrita a un mero acto de cortesía.
“Aún nosotros, habiendo hecho el proceso natural, que es el anuncio, una vez que decidimos hacer la inspección, por las atribuciones que me confiere la Constitución de la República, a partir de esta agresión vamos a la Fiscalía del Distrito Nacional donde presentaremos formal querella”, informó Ulloa.
¿Qué dice la ley y qué fue lo que sucedió?
“El Defensor del Pueblo o sus Adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita”.
Los agentes rompieron la cámara de un fotógrafo y retuvieron otras cámaras de profesionales de prensa, según afirmó Ulloa, que fue repelido a empujones por los agentes cuando trataba de entrar a las instalaciones del depósito de vehículos, mientras que un miembro de su equipo resultó herido en el labio.
El equipo del Defensor del Pueblo, identificado con chalecos y gorras de la institución, acudió al lugar después de que se publicasen denuncias en medios de comunicación sobre el mal estado de las instalaciones, donde permanecen almacenados miles de automóviles y motocicletas que han sido confiscados a sus propietarios.