Los párracos del clero católico de Dajabón confirmaron la deportación de menores no acompañados víctimas, al igual que los adultos haitianos, de operativos que calificaron de "negadores de derechos" a cargo de agentes de Migración y soldados del Ejército Nacional.
"Hay deportaciones de niños con arraigo social en República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera", dice un texto religioso reciente firmado por la docena de párracos de esa provincia fronteriza, reunidos en el Santuario de Nuestra Señora de la Altagracia de Loma de Cabrera.
Sin tapujos, denuncian en su texto que las masivas deportaciones de haitianos son ejecutados como parte de una acción que "está violando la constitución, las leyes y los convenios internacionales".
Los procedimientos, denunciaron, son "violentos, humillantes y poco profesionales", además de que fomentan el “macuteo” ya que "cualquier uniformado puede detener una persona migrante".
Conjuntamente con pedir el cese de tales prácticas y métodos, los sacerdotes abogan en su acuerdo por la regularización de la mano de obra haitiana y, en definitiva, por la edificación de "una política migratoria eficiente", tras apuntar hacia la responsabilidad que tiene en esto el Estado y la empresa privada, principalmente.
El documento no olvida subrayar que a "la Iglesia, que es Madre y Maestra, le duele profundamente todas estas situaciones" y resalta que sus pastores no pueden ser "indiferentes ante el dolor de los hermanos", porque "Dios no es indiferente".
"Ante este fenómeno de deportaciones masivas Dios tampoco cierra los ojos. Dios escucha el clamor de sus hijos que son perseguidos como criminales, muchas veces golpeados y encerrados en espacios no aptos para que la integridad física y moral de muchos sea garantizada. Dios escucha y sobre todo no es indiferente ante el sufrimiento de lo humano", reitera el documento de los religiosos, que a cotinuación se reproduce íntegramente:
Posicionamiento del clero de Dajabón frente a las deportaciones masivas:
Las deportaciones masivas de las cuales hemos sido testigos en las últimas semanas se están dando condiciones en las que el gobierno no puede asegurar el debido proceso por los números de deportaciones que desbordan las capacidades operativas de los agentes de migración. Vemos que esta situación impide que haya una discriminación positiva en la que todos los nacionales haitianos que son apresados en los operativos de migración y el Ejército Nacional son tratados con métodos negadores de derechos. Esta acción está violando la constitución, las leyes y los convenios internacionales. Denunciamos que,
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Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales en los operativos que diariamente se realizan.
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Cualquier uniformado puede detener una persona migrante, esto está fomentando el “macuteo”.
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Hay deportaciones de niños con arraigo social en República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
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Los centros de detención no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana: baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida. A esta situación son sometidos tantos niños como mujeres embrazadas y madres lactantes.
La ley general de migraciones 285-4, en artículo 27 dice que,
“En los casos que proceda la deportación o expulsión de extranjeros, se realizarán con el debido respeto a los derechos humanos, conforme lo disponen las leyes vigentes y los acuerdos ratificados por la República Dominicana.”
Cualquier extranjero que esté en suelo dominicano se le debe ser respetada su dignidad humana y sus derechos, los mismos deben de ser garantizados por el Estado. El Estado en todos los casos siempre es garante de derechos, cuando esto no ocurre se lacera el acuerdo social que sostiene nuestra sociedad. Es claro el problema de gobernanza de las migraciones en nuestro país. La única solución que se brinda son las repatriaciones, cuando eso se soluciona con la regularización. Necesitamos una política migratoria eficiente y la regularización de la mano de obra haitiana.
Tomando en cuenta, que la República Dominicana depende de la mano de obra haitiana en varios rublos fundamentales como la construcción, el turismo, la pecuaria y la agraria las acciones de deportaciones masivas ponen en peligro la estabilidad económica y social. También entendemos que La situación de irregularidad de muchos haitianos en RD igualmente es responsabilidad de los empleadores que aprovechan esa situación para sacar ventajas de la explotación de la mano de obra haitiana. Si muchos migrantes no han podido renovar su carnet esto se debe a la no existencia de oficinas que brinden estos servicios en las provincias donde viven, deben ir a Santo Domingo. Todo esto nos confirma que el gobierno no tiene una política migratoria clara sobre Haití.
La Iglesia que es Madre y Maestra, le duele profundamente todas estas situaciones y nos enseña que no podemos ser indiferentes ante el dolor de los hermanos, que todos somos hijos de Dios y que la dignidad humana está por encima de todo. (…) he visto la aflicción de Mi pueblo (…) y he escuchado su clamor (…) pues estoy consciente de sus sufrimientos. (Éxodo 3,7). La historia de la revelación nos enseña que Dios no es indiferente, Él está atento a los acontecimientos de nuestras vidas y de nuestras sociedades, se preocupa y se conduele. Esta dimensión sensible de Dios es la base de la justicia divina. Dios no cierra los ojos ante las injusticias de los hombres, como muchas veces ocurre en aquellos que deben aplicar la justicia. Y ante este fenómeno de deportaciones masivas Dios tampoco cierra los ojos. Dios escucha, el clamor de sus hijos que son perseguidos como criminales, muchas veces golpeados y encerrados en espacios no aptos para que la integridad física y moral de muchos sea garantizada. Dios escucha y sobre todo no es indiferente ante el sufrimiento de lo humano.
Le pedimos al gobierno,
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Detener las deportaciones masivas.
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Resolver el problema de la participación de los militares en el tráfico de personas.
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Crear centros municipales para la regularización de los migrantes.
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Implicar a los empleadores como corresponsables en la regularización de los migrantes.
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Mejorar la infraestructura de los centros de detención y crear espacios seguros para los menores, madres embazadas y lactantes que deban ser repatriados.