Algunos testigos en la operación Calamar, la supuesta red de corrupción desmantelada por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA), han señalado a Sergio Moya de la Cruz como una de las personas que habrían coordinado la extorsión a las bancas de lotería.

Se trata de una persona que actualmente es diputado, representante del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) por el Distrito Nacional, razón por la que goza de inmunidad parlamentaria.

Aunque todavía no se ha dado información oficial acerca de una investigación en su contra, en caso de requerirse su arresto, previamente el legislador debería ser despojado de dicha inmunidad.

Pero ¿qué establece la inmunidad parlamentaria dominicana?

En el artículo 86 de la Constitución dominicana se establece la protección de la función legislativa.

Dice que ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.

“Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la cámara que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura”, señala la Constitución.

También precisa que, a este efecto, el presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o un senador o un diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador (a) General de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública.

Mientras que el artículo 87, que habla sobre el alcance y límites de la inmunidad, precisa que la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece y no impide que al cesar al mandado congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho.

“Cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la misión del requerimiento".

Gory se defiende

Este jueves 30, el diputado perremeísta Sergio Moya, citado en el expediente de la red de corrupción Calamar, negó cualquier vínculo con el caso y aseguró que, si se demuestra que ha recibido "un solo peso en perjuicio del Estado dominicano", renunciará a su cargo.

En sus primeras declaraciones sobre este expediente, Moya, conocido como Gory, calificó de "infamias" las acusaciones en su contra a partir del caso Calamar, por el que están detenidas 20 personas, entre ellas los exministros de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).

Los delatores del caso revelaron a las autoridades que Moya, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), era parte de un esquema de extorsión a bancas de lotería, de acuerdo con extractos del expediente publicados por medios locales.