El obispo Jesús Castro Marte advirtió este jueves que la libertad de expresión no debe ser utilizada como pretexto para la desinformación, el odio o la degradación de los valores fundamentales.
A través de su cuenta de X, el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, llamó a legislar con responsabilidad, señalando la necesidad de establecer principios éticos y morales en los contenidos que se difunden a través de las redes sociales.
Castro Marte destacó que es vital abordar este asunto para proteger los principios que sostienen la convivencia democrática en la sociedad, de la cual la libertad de expresión es "un pilar fundamental".
La advertencia del prelado católico coincide con la campaña contra los periodistas Marino Zapete, Juan Bolívar Diaz, Huchi Lora, Edith Febles, Mariasela Álvarez y Altagracia Salazar, entre otros, a través de las redes sociales, en la que se les acusa de haber recibido fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Recientemente, el periodista, productor, autor de letras de merengues y canciones, reportajista, dibujante y ganador del Premio Nacional de Periodismo, Luis Eduardo Lora (Huchi), emitió una declaración tras ser acusado por corruptos de gobiernos del pasado de haber recibido dinero de la Usaid, en la que subraya que seguirá ejerciendo pese a las amenazas de muerte y "si tiene que ser, que sea".
Sin identificar con sus nombres a quienes ordenaron que se divulgue la infame calumnia en su contra, "amplificada por medios electrónicos adquiridos por esos políticos", Huchi Lora dijo que se trata de "personas que encabezan expedientes de corrupción" que se ventilan en los juzgados penales en base a "evidencias y delaciones de sus colaboradores cercanos".
Acciones legales
El pasado martes 11, el abogado Manuel Ramón Morel Cerda instó a tomar acciones legales por las recientes acusaciones de vínculos económicos con la agencia estadounidense Usaid.
Estas acusaciones, según Morel Cerda, carecen de fundamento y podrían ser objeto de demandas por daños y perjuicios.
En una carta enviada a Acento, el exprocurador General de la República, quien fue testigo de lo que ocurrió durante la dictadura de Trujillo, recordó que durante ese período, las acusaciones sin pruebas eran utilizadas con fines políticos, especialmente contra aquellos que no se alineaban con el régimen.