El tráfico ilegal de armas de fuego y municiones provenientes de los Estados Unidos, que se atribuye a redes criminales, ha creado un mercado ilegal que suple a organizaciones delictivas, especialmente a las vinculadas con el narcotráfico.
Las autoridades de ambas naciones han unido fuerzas para evitar que ingresen armas ilegales al país; sin embargo, hasta el momento no han logrado erradicar por completo el tráfico y desmantelar las redes que operan a través de empresas de envío de suministros.
Durante dos años, en 2021 y 2022, las autoridades dominicanas decomisaron más de 77,000 unidades de armas, municiones, cargadores y pertrechos, incluyendo de alto calibre, provenientes de varios lugares de los Estados Unidos.
Estas redes criminales están dirigidas por dominicanos que viven en Nueva York, Miami, Boston y otras ciudades. Utilizan compañías que traen contenedores de mercancías para llevar a cabo la actividad ilícita, según han confirmado organismos investigativos.
Recientemente, la Dirección General de Aduanas (DGA), en colaboración con los organismos de inteligencia militar, decomisó 12 pistolas, 3,218 proyectiles y múltiples cargadores, los cuales estaban escondidos en tanques de provisiones.
Los traficantes han logrado introducir máquinas sofisticadas de contrabando para fabricar municiones ilegalmente para armas de todos los calibres. Al menos dos de estas máquinas fueron interceptadas por las autoridades en 2016.
En la República Dominicana, las autoridades han logrado interceptar una variedad de fusiles y ametralladoras de uso exclusivo militar. Entre las armas incautadas se encuentran el AK-47, el SAR 80, el M12, M16, el AM15 y otras de igual o superior calibre.
Además, es común que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional incauten armas ilegales de diversos calibres, incluidas las de guerra, en posesión de narcotraficantes y miembros de bandas criminales, que las adquieren en el mercado ilegal.
Esto evidencia el serio problema de la proliferación de armas ilegales en el país, lo cual alimenta la violencia y la inseguridad ciudadana.
El tráfico ilegal de armas de fuego aumentó desde julio de 2006, cuando el expresidente Leonel Fernández emitió el Decreto 309-06, que prohibió la importación de armas de fuego, piezas y municiones para su venta.
Desde entonces, solo las instituciones militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional les está permitido importar dispositivos bélicos.
Sin embargo, se han denunciado casos de favorecimiento a propietarios de armerías con permisos especiales para importar armas, durante gobiernos anteriores.
Según el decreto mencionado, el Ministerio de Interior y Policía no podrá otorgar permisos de porte o tenencia de armas importadas después del año 2006.
Esto ha provocado que las armas, en especial las pistolas y revólveres, se vendan en el mundo de la delincuencia, donde las autoridades no tienen control sobre ellas.
Cada vez es más común ver criminales armados con estos dispositivos letales, lo que aumenta el peligro para la sociedad en general.
La prohibición, que se implementó para controlar el uso de armas, ha generado un problema mayor, ya que el ingreso clandestino de pistolas, fusiles y ametralladoras ha dado lugar a un negocio ilegal y un aumento en la criminalidad, documentada en las estadísticas oficiales de los últimos años.