La auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República (CGR) al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) muestra que la entidad ha hecho compras irregulares a empresas vinculadas a empleados de la institución.
Asimismo, las operaciones incluyen la adquisición de insumos a compañías que tienen deudas pendientes con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo cual la impide establecer vínculos comerciales con el Estado, según indica el informe de la Contraloría.
La Fiscalización fue elaborada durante el período entre septiembre de 2020 y abril de 2021. En el documento se destaca que las compañías suplidoras Global Investment And Business Bridimar SRL, Armas M & R, SRL, Losango Group SRL, Servicios Unidos Hevarg y Radacunsa Group SRL, tienen como representantes o inversionistas a policías, militares y civiles que trabajan en el Cestur.
Entre los accionistas de estas empresas se encuentran la asimilada Yadira Antonia Sánchez Herrera, la sargento mayor de la Armada Dominicana Rosa Amelia Sánchez Taveras y el segundo teniente de la policía Sandy Antonio Santos García. Este último figura como accionista en tres de las seis empresas suplidoras de la entidad, en violación al Artículo 14 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones en el Gobierno.
“Las personas naturales o jurídicas en las cuales tengan una participación superior al diez por ciento del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria no pueden participar en el proceso de compras”, indica la normativa.
De acuerdo con el informe emitido por la Contraloría, estas compañías fueron favorecidas con adjudicaciones de compras por la suma de RD$ 4 millones 091, 581, que fue saldado en un pago único por las autoridades.
El documento indica que el señor Sandy Antonio Santos García, quien figura como representante en tres de las empresas suplidoras de la entidad, trabajó en Cestur hasta el mes junio de 2021, como encargado de activo fijo.
Las autoridades del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística se mostraron tan benévolos con el oficial de la policía y suplidor de la entidad, Santos García, que les hicieron un pago único por la suma RD$ 2, 133, 558, cuando la legislación establece un 20 % de inicial y un 80 % en un plazo de 60 días.
El contrato para la compra de 30 motocicletas fue firmado el 30 de noviembre de 2020 y pagado por completo el 20 de diciembre del mismo año, mientras que la entrega se realizó el 20 de enero de 2021. dice el informe.
La auditoría cuestiona que la entidad permita que esas motocicletas estén circulando sin las debidas placas y matrículas, lo cual viola la ley 242-67 sobre Tránsito de vehículos.
El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística está involucrado en un expediente, porque el pasado incumbente es acusado por la Procuraduría General de la República por supuesta sustracción y malversación de fondos públicos.