Las ”indelicadezas” encontradas en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) en el periodo 2016-2020, se encuentran destacadas en el acta preliminar de la auditoría hecha a la entidad por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).
Uno de los primeros asuntos que trata, que abarca desde el 1 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2020, es sobre los procesos para contrataciones declarados de "urgencia".
Al respecto, el informe indica que: “Se verificó que el proceso de contrataciones para suministro y distribución de alimentos crudos a los Centros de Atención integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), adjudicado a 20 proveedores por un monto de 531 millones, 278 mil 566 pesos fue declarado de urgencia, sin embargo, se evidenció que las adquisiciones de esos productos e insumos están contempladas en el plan anual de compras y contrataciones 2020”.
En la lista de los 20 proveedores participantes en el proceso de compras de urgencia se encuentran empresas que no tienen nada que ver con la temática de la infancia, como la que aparece en el encasillado 18, CALIDOM, Calles Limpias Dominicana, SRL. Según se pudo constatar, esta sociedad comercial se dedica a la recogida, tratamiento, transportación y comercialización de desechos sólidos. La fecha de incorporación es del 20 de julio de 2016.
Solamente en lo que toca a las compras de urgencia, la Cámara de Cuentas detalla que “el informe pericial base para la referida declaración de urgencia, presenta como justificaciones las situaciones de cambios en el presupuesto institucional, aumento de servicios y aperturas de nuevos centros”.
Los auditores de la CCRD consideraron que estas situaciones no constituyen motivaciones o condiciones de casos fortuitos, inesperados o imprevisibles, como lo refieren en la página 2 del referido documento.
Inconsistencias en compras de alimentos durante la pandemia COVID-19
En lo referente a la adquisición de 40 mil kits de alimentos para ser distribuidos a 25 mil familias en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, durante el período de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19, se observa que el proceso de llamado a los proveedores se hizo el 31 de marzo de 2020, “con fecha de recepciones y aperturas de propuestas el día 1ro. de abril de 2020, a las nueve de la mañana, lo que representa un día hábil para las preparaciones y entregas de los interesados en participar”, indica el informe preliminar.
Al no aparecer oferta alguna, por el poco tiempo establecido en la propuesta, “fueron habilitadas 12 empresas oferentes, con la designación como perito evaluador de Altagracia Xionmara Pou, de la compañía Consultoría & Peritaje”. Sin embargo, aunque la verificación, validación y evaluación del contenido serían ejecutada el 3 de abril de 2020 y la adjudicación el 8 de ese mismo mes, “la remisión del acta administrativa de evaluación, remitida por correo electrónico de Pou, es de fecha 31 de marzo de 2020, fecha en que la entidad hizo la publicación de llamado a participar en la licitación”.
Otra de las irregularidades encontradas en la auditoría en cuestión, sobre el proceso de compra de kits alimenticios, revela lo siguiente:
“El 9 de junio de 2020, el INAIPI recibió de la compañía Suplidores Industriales Mella una comunicación con un listado y correos electrónicos anexos, mediante los cuales a partir de la fecha 23 de marzo, les solicitaron el despacho de kits alimenticios para dar asistencia a la situación de emergencia que presentaba el país por la propagación del coronavirus, acompañada de la factura proforma No. PRO-47 de fecha 3 de junio de 2020 por valor de RD$25,060,000 (veinticinco millones sesenta mil pesos) y una relación con las numeraciones y fechas de 53 conduces equivalentes a 10 mil 19 kits de raciones entregados por la compañía a centros CIPI, los días 25, 26 y 30 de marzo, firmados y sellados por los responsables de los centros, sin embargo, –dice el informe—no se evidencia la entrada a los almacenes, ni registro en el sistema automatizado”.
La emergencia ante el COVID-19
Otro de los aspectos revelados en el acta preliminar de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al INAIPI, ante la situación de emergencia por la presencia del virus del COVID-19 se determinó que 15 suplidores fueron escogidos en el mes de mayo de 2020 para suplir alimentos de niños, niñas y familias de los CAIPI, CAFI y estancias infantiles, por un valor de 103 millones 540 mil 822 pesos, en este proceso hubo “productos no entregados oportunamente, soportes de recepciones de alimentos con informaciones incompletas, pagos sin evidencia de revisión de la Contraloría General de la República, gestión de pago en departamentos incorrecto, lotes con bienes requeridos en el pliego de condiciones sin adjudicar, inconsistencias en acta de adjudicación y el pliego de condiciones”.
Asimismo, “sustituciones de numeraciones de conduces sin evidencia justificativa, diferencia de precios en un mismo producto facturado, duplicidad en numeración de conduce de entrega de productos y contrataciones con incumplimiento en normativas legales.