Para sumarse al debate sobre la nueva Ley 1.24 que establece la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la Asociación de Empresas de Comunicaciones y Tecnología (Momtec) señala que la normativa contiene elementos inconstitucionales.
La entidad sugiere la necesidad de revisar y ajustar la legislación actual en relación con los derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
El Colegio Dominicano de Periodistas, la Sociedad Dominicana de Diarios, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, la Organización Internacional Society, así como el obispo de La Altagracia, Jesús Castro Marte y profesionales de los medios de comunicación han expresado su preocupación por varios artículos de la normativa recién promulgada, que consideran que vulnera derechos fundamentales.
Los debates se han generado, fundamentalmente, por el Artículo 11 de la ley que establece que “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la DNI todas las informaciones que estén requeridas sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativos a las atribuciones señaladas […]”.
El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, señaló recientemente que la ley en cuestión tiene limitaciones legales que deben ser cumplidas en relación con la obligación de entregar información al DNI, respetando los derechos fundamentales.
No obstante, la Sociedad Dominicana de Diarios ha expresado inquietud por las ambigüedades percibidas en los artículos 11.9 y 26 de la ley, los cuales podrían afectar la libertad de prensa, así como los derechos a la privacidad y el secreto profesional.
Asimismo, el Colegio Dominicano de Periodistas solicitó al Poder Ejecutivo que defina el Reglamento de Aplicación de la mencionada Ley, con el propósito de corregir las ambigüedades presentes en los artículos mencionados, para asegurar la libertad de expresión de las personas.
El obispo de La Altagracia, Jesús Castro Marte, ha advertido, igualmente, sobre los posibles peligros para la libertad de prensa que podría enfrentar a raíz de la promulgación de la nueva Ley 1-24, y añade que no se debe retroceder en la conquista ya lograda.
En igual terminó se pronunció el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica al expresar su preocupación por la ley, considerando que limita los derechos fundamentales de la ciudadanía en cuanto a la libertad, la privacidad y el secreto profesional. Además, mencionaron que es preocupante que esta ley haya surgido después de que el país avanzara con la nueva Constitución (de 2010).
El jurista Cándido Simón, que también opina que la ley que crea la Dirección de Inteligencia (DNI) es riesgosa para las libertades, advierte que la normativa restaura el “Estado policial, rompe con el secreto profesional; obliga a los ciudadanos a ser chivatos y, además, permite que el presidente nos vigile a todos sin orden judicial”, por tanto, es una ley inconstitucional, agrega.
Igualmente, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) expresó su opinión en esa dirección, considerando que la ley en cuestión es ilegal, antidemocrática y peligrosa. Además, señala, que otorga nuevas competencias al DNI, lo que, en su opinión, limita los derechos fundamentales y la libertad.
Este viernes, el capítulo dominicano de la Organización Internacional Internet Society emitió un comunicado en el que expresó su preocupación acerca de cómo varios artículos (11.9 y 26) de la Ley 1-24 que reforma al DNI afectan los derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la intimidad, la privacidad y la protección de los datos e información personales.
La polémica normativa fue aprobada en el Senado de la República en julio de 2022, y enviada ese mismo mes a la Cámara de Diputados, donde permaneció en comisión hasta diciembre de 2023, y devuelta al Senado después de varias modificaciones. Los senadores volvieron a aprobarla el 29 de diciembre pasado, y el Poder Ejecutivo la promulgó el 15 de enero actual.