Un total de 8 personas físicas se encuentran como imputadas en operación Gaviota por un fraude de 3,000 millones de pesos cometido por los señalados a través de las 15 empresas figuran en la solicitud de medida de coerción.
Se trata de los detenidos Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucia Martínez Colón.
También Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
Estos acusados, según el documento de solicitud de medida de coerción, comenzaron a operar desde finales del año 2020 hasta septiembre del año 2022, donde atraían a individuos con la promesa de incrementar la inversión entregada de manera mensual con un porcentaje del 10 y 30. A las 274 víctimas que tiene este proceso judicial le aseguraron que estos beneficios se derivarían de operaciones de trading realizadas a través del bróker Pepperstone, supuestamente llevadas a cabo por los miembros de la estructura.
De acuerdo con la investigación, los encartados actuaron con esta maniobra fraudulenta mediante el esquema Ponzi, donde el dinero de nuevos inversores era utilizado para pagar a los inversores anteriores, creando la ilusión de que están obteniendo ganancias.
¿Cómo fueron captadas las víctimas?
La investigación del Ministerio Público arrojó que los imputados conseguían a sus víctimas a través de redes sociales como Instagram y Facebook, así como de mensajería como WhatsApp y Telegram, entre otros. Por esta vía hacían promesas de rendimientos altos.
Asimismo, la solicitud de medida de coerción detalla que los supuestos estafadores reclutaban a los inversores convenciéndolos para que invirtieran dinero en el esquema. Los nuevos inversores aportaban su capital creyendo que estaban realizando una inversión legítima.
Fueron creadas empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores. Utilizaron decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal.
La documentación detalla además que, en lugar de utilizar el dinero de los nuevos inversores en inversiones reales, los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes. Los primeros inversores recibían pagos que parecían ganancias, lo que reforzaba la confianza en el esquema, los estafadores presentaban estados de cuenta falsos o informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas, cuando en realidad los fondos provenían de nuevos inversores.
Otro mecanismo que utilizaba esta red para atraer más inversionista fue acudir a las iglesias cristianas, principalmente las evangélicas, realizando donaciones y aportaciones a través de una ONG para ganar la confianza de los feligreses y captar nuevas víctimas. También presentaban testimonios de supuestos inversores satisfechos para generar confianza y credibilidad.
El pasado sábado se intentó conocer la audiencia de solicitud de medida de coerción, pero la jueza Fátima Veloz pautó la vista para el próximo miércoles 12 de junio, a las 2:00 de la tarde, a fin de que la defensa de los imputados prepare los presupuestos y medios de defensa.