Poco a poco han ido surgiendo los macabros detalles de cómo cinco personas, incluyendo una adolescente, se organizaron para engañar y matar al joven Frederick Alberto Pérez Ventura.
Según el Ministerio Público, el pasado 16 de julio, Frederick coordinó una cita con el imputado Argenis Nerlis Morillo de los Santos (Rubito), a través de la red social Grindr.
Ambos hombres acordaron verse en un apartamento dentro del residencial Pablo Mella Morales, en Santo Domingo Oeste.
Frederick llegó al lugar acordado a la 1:30 de la tarde de ese sábado, y para entrar en confianza, Morillo de los Santos le brindó un café.
Luego, asegura el Ministerio Público, los imputados Jeremy de Jesús Rodríguez Evangelista (Yeremi o Mono Plata), Cristofer Arredondo (el Prota) y Reinaldo Antonio García (Danger) salieron de una habitación con armas blancas, acorralaron a la víctima, lo amenazaron y le dieron a oler una sustancia para tranquilizarlo y así despojarlo de sus pertenencias.
El órgano acusador detalla que lo amordazaron en una habitación y estuvo custodiado por Rodríguez Evangelista, mientras que Morillo de los Santos salió del lugar en compañía de la menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales, para retirar dinero de las tarjetas bancarias del occiso.
Mientras que al siguiente día, el domingo 17, los imputados trasladaron a Frederick desde el apartamento a un basurero ubicado en La Guáyiga, kilómetro 22 de la autopista Duarte, lugar donde lo ultimaron de varias puñaladas.
Luego del hecho, alegadamente, intercambiaron por ropa un celular propiedad de la víctima e intentaron vender su vehículo en Maimón, provincia Monseñor Nouel. Sin embargo, no pudieron completar la venta porque el automóvil no tenía combustible y se vieron en la obligación de dejarlo abandonado.
Debido a la naturaleza del caso, al modus operandi del grupo y a la falta de arraigo de los involucrados, la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Oeste está pidiendo un año de prisión preventiva como medida de coerción, además de que el caso se declare complejo.
La conducta de este grupo ha recibido la calificación jurídica provisional de asociación de malhechores, asesinato, actos de tortura, robo y porte de ilegal de armas, que constituyen una violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 379 y 382 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16.
Este martes, la jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo viernes 29 de julio, a partir de las 11:00 de la mañana, luego de acoger una petición de la defensa de los imputados, quienes pidieron más tiempo para preparar sus medios de defensa.