La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó este viernes por segunda vez consecutiva la audiencia para conocer medidas de coerción a nueve imputados por tráfico de armas de fuego, informó el Ministerio Público.
La decisión se tomó en atención a la petición de la defensa técnica, para conocer los detalles de la imputación de uno de los abogados que se integró recientemente al proceso y se fijo una nueva audiencia para el próximo martes 3 de octubre.
La medida de coerción consistente en prisión preventiva y complejidad del caso establece que Hornandys Emmanuel Cruz, Samuel Ramón Guaba, Sixto Rosario, Rosalba María Estrella, César Emilio Toribio, Marcos Diplán, Jayro Diplán, Félix Francisco Vázquez y Valentín de Jesús Caraballo, conformaron una organización criminal que comercializaba ilegalmente armas de fuego de alto calibre y automáticas.
Estas armas, establece la instancia de solicitud de medida recogida en un comunicado de prensa, eran adquiridas en Estados Unidos e introducidas al país de contrabando a través de compañías de envío o shipping.
El órgano persecutor que desarticuló esta estructura criminal durante allanamientos, decomisó 18 pistolas, en su mayoría 9 milímetros; 3 revólveres y 2 escopetas, así como 700,000 dólares en efectivo, vehículos y equipos electrónicos.
Los allanamientos tuvieron lugar en los municipios Licey al Medio, en Santiago, y la parte baja de Moca, en Espaillat, y estuvieron precedidos por múltiples estrategias durante más de un año, tiempo en el cual se rastreó a la organización y se recopiló información acerca del alcance del comercio de las armas, y la constitución de la estructura que involucraba a varios miembros de una misma familia.
Las llamadas telefónicas interceptadas permitieron determinar el rol en la organización de cada uno de los imputados, que se movían por todo el territorio dominicano y tenían su centro de operaciones en el Cibao, específicamente el municipio Licey al Medio, según la acusación.
En los allanamientos participaron más de 10 fiscales del Ministerio Público en Santiago, miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (Deicroi) y otras fuerzas especiales como equipo SWAT de la Policía Nacional, y la cooperación internacional del FBI de Estados Unidos.
Además, se incautaron de varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas ilegales.
La Fiscalía presentó cargos provisionales contra los procesados por violar la Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en la categoría de traficantes y por lavado de activos.