La reciente notificación del Ministerio de Defensa a generales y coroneles sobre su posible inclusión en la lista de retiros, en el caso de que cumplan al menos una de las tres causales de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para pensiones, ha desatado "los demonios" en parte de la oficialidad.
El 27 de febrero marca un momento decisivo para militares de alto rango que buscan evitar su retiro, también para los que buscan conseguir ascensos o nuevas designaciones mediante gestiones con funcionarios en el Palacio Nacional y con políticos oficialistas, a pesar de que está sancionado por la normativa vigente, pero que casi nunca se aplica.
Desde hace años, se debate en el ámbito militar la posibilidad de establecer nuevos procedimientos de retiro que permitan a los oficiales de alto rango retirarse al cumplir dos de tres causales, en lugar de una, algo no establecido en la ley militar.
Al menos 47 de los 107 generales y almirantes en servicio exceden la legislación que limita su número a uno por cada 1000 efectivos, su cantidad debe ser proporcional a los 59,000 miembros de las fuerzas armadas.
Desde su llegada a la presidencia en agosto de 2020, Luis Abinader ha promovido al menos 37 coroneles a general de brigada y diez a mayor general, una parte significativa del alto mando militar que actualmente lidera los cuerpos castrenses.
"Las Fuerzas Armadas han modernizado sus capacidades, pero las estructuras de alto mando están estancadas, con algunos generales activos desde principios de siglo, lo que infringe su ley orgánica"
Los datos indican que aproximadamente el 80 % del generalato cumple al menos una de las tres causales para otorgar el retiro obligatorio establecidas en el Artículo 172 de la legislación militar, pero no dejan el uniforme y buscan apoyo en políticos y funcionarios.
No obstante, la circular del Ministerio de Defensa sobre los retiros de generales y coroneles excluye a los oficiales del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, a los que dirigen los Cuerpos Especializados y, se entiende, que también aquellos que desempeñan funciones como directores en instituciones del Gobierno.
Expertos afirman que la reestructuración de la alta oficialidad en las Fuerzas Armadas debe ser un proceso justo y transparente que evalúe la trayectoria de cada oficial según la normativa, priorizando la necesidad una oficialidad ágil y capacitada para enfrentar desafíos actuales y futuros", indica la fuente.
"Las Fuerzas Armadas han modernizado sus capacidades, pero las estructuras de alto mando están estancadas, con algunos generales activos desde principios de siglo, lo que infringe su ley orgánica", señala la fuente.
Pero peor aún, se rumorea que algunos altos mandos abogan por reformas para alargar su tiempo de servicio; sin embargo, el Ministerio de Defensa ha enfatizado que seguirá la normativa sobre el retiro de generales y coroneles cuando corresponda.
Por otro lado, los generales sin funciones, los que enfrentan procesos judiciales y aquellos que son espalderos de políticos representan un gasto considerable para las Fuerzas Armadas y un desajuste en las estructuras de mando, consideran la fuente de acento.
Este fenómeno perturba las instituciones militares y genera desconfianza entre el personal, que ve cómo los recursos se desvían hacia generales que sirven a políticos en lugar de cumplir sus deberes. Además, algunos reciben salario sin trabajar y otros están implicados en delitos de corrupción acusados de desfalco contra el presupuesto de Defensa.