Los representantes legales de la familia Mota, afectados en el caso Calamar, expresaron su preocupación por sentirse excluidos en los acuerdos de criterio de oportunidad entre el Ministerio Público y algunos de los imputados.
El abogado Martín Rubiera acusó a las autoridades del Ministerio Público de supuestamente confundir a las víctimas y desbordar su competencia.
Dijo que el órgano persecutor está tomando decisiones que corresponden a los actores civiles, afectando el proceso.
El caso Calamar, dirigido por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), involucra a exfuncionarios acusados de desviar fondos públicos para financiar campañas políticas y operar una red de sobornos en negocios con máquinas tragamonedas.
Rubiera resaltó que, según el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal Dominicano, se requiere el consentimiento de todas las víctimas para aplicar un criterio de oportunidad.
El abogado Pablo Castillo señaló que la ley exige indemnización a las víctimas para aplicar un criterio de oportunidad, subrayando que el órgano persecutor considera que solo el Estado dominicano es víctima, ignorando a otros afectados.
La familia Mota, que denuncia un proceso de expropiación fraudulento, reclama una indemnización de RD$ 12 mil millones.
La audiencia de homologación del criterio de oportunidad, fijada para el 22 de agosto, donde se espera la decisión de la jueza Altagracia Ramírez sobre los acuerdos con los testigos.
Los imputados han acordado devolver al Estado dominicano bienes y sumas de dinero como parte de su cooperación. Estos incluyen inmuebles, dinero y otras propiedades, con montos que van desde RD$ 32 millones hasta RD$ 1,100 millones.
Descripción de lo que devolverán
Como forma de mostrar intención de cooperar para someter a los demás responsables de los delitos cometidos y de manifestar arrepentimiento, Giselle del Carmen Molano Frías, Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Grupo DIBEFE, S.R.L. y Natalia Cesarina Beltre Torres, Camilo Andrés Peña Hernández, José Arturo Ureña Pérez y Ramón Emilio Jiménez Collie, devolverán al Estado dominicano parte de los bienes adquiridos, que puede ser inmuebles o dinero.
Fernando Crisóstomo Herrera, conjuntamente con su defensa técnica, autoriza de manera voluntaria que sea decomisado en favor del Estado dominicano la cantidad de mil cien millones setecientos setenta mil setenta y ocho pesos dominicanos.
José Arturo Ureña Pérez, de manera voluntaria autorizó que sea decomisado en favor del Estado dominicano la cantidad de quinientos millones de pesos dominicanos y Ramón Emilio Jiménez Collie devolverá setecientos quince millones de pesos.
Giselle del Carmen Molano Frías se comprometió con las autoridades, por ejemplo, a continuar cooperando en la investigación del proceso y a testificar. Se le acusa de manipular procesos de licitación para la adquisición de alimentos e insumos para los centros penitenciarios.
Ella admite ser parte del entramado societario junto a Rolando Rafael Sebelén Torres, con el objetivo de estafar al Estado y contribuir con el enriquecimiento ilícito del entonces procurador y hoy acusado en otro caso (Medusa): Jean Alain Rodríguez Sánchez.
En el acuerdo entre Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y el Ministerio Público, a través de su defensa técnica autorizó que sea decomisado en favor del Estado dominicano la cantidad de treinta y dos millones de pesos dominicanos, los cuales han sido entregados mediante cheque certificado a nombre de la Procuraduría General de la República.
Los procesados Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Grupo DIBEFE, S.R.L. y Natalia Cesarina Beltre Torres, por medio del criterio de oportunidad, autorizaron que les sea decomisado a favor del Estado dominicano dos inmuebles los cuales serán entregados mediante acta de entrega voluntaria a la Procuraduría General de la República.
El investigado Camilo Andrés Peña Hernández devolverá a su vez un millón setecientos ochenta mil pesos.
Acusados de este proceso
Los acusados en este caso son Ángel Gilberto Lockward Mella, figuran como imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José, Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirilo Mccabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández De Paola y Emir José Fernández De Paola.
También Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Natividad Martínez Capellán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Figuran además las razones sociales Miqui Trade, S.R.L., Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Brimart Comercial, BM, S.R.L., Bribae Dominicana, S.R.L., Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Santa Bárbara, S.R.L., Desarrollos Rurales, S.R.L., Angel Lockward & Asociados, S.R.L. , Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc., Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.