El mal de la falta de transparencia fue uno de los factores más criticados a los gobiernos pasados. Tal parece es una afección que sigue presente en la actual gestión, pese a la orientaciones reiteradas del presidente Luis Abinader, de mantener la transparencia en toda la administración pública.
Al menos es la experiencia de muchos periodistas cuando solicitan información a través de las Oficinas de Libre Acceso a la Información.
Contraviniendo las orientaciones del presidente Luis Abinader, muchas de las oficinas de libre acceso a la información "se la ponen difícil" al periodista que solicita datos de interés público.
En muchas ocasiones estas oficinas les ponen trabas a los periodistas para conseguir los datos. Las solicitudes no son respondidas, dejan agotar el plazo establecido en la ley y luego renvían a otras instituciones o argumentan que el dato es de carácter "confidencial".
La Ley de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, explica que toda institución gubernamental tiene la obligación de rendir información a quien la solicite, trátese de periodistas o de ciudadanos en general, y en el caso de no hacerlo se aplicarán sanciones.
Indica, además, que toda solicitud de información debe ser respondida en un plazo no mayor de quince días hábiles. Y en el caso de que se necesite una prórroga, la misma se extenderá por otros diez días hábiles y debe de ser notificada al solicitante antes del vencimiento del plazo de los quince días.
La realidad es que las Oficinas de Libre Acceso a la Información incumplen con sus obligaciones de manera rutinaria.
Practican el silencio administrativo
Se entiende por silencio administrativo cuando la institución evade proveer información de orden público cuando es solicitada.
El silencio administrativo es considerado como una negación de la información y por tanto, como una violación a la ley, por lo que el funcionario responsable de obstruir que dicha información no se entregue, puede ser sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.
Algunos ejemplos
El 3 de febrero del 2021 se hizo una solicitud al Ministerio de Salud Pública requiriendo el contrato de las vacunas anti COVID-19 con la farmacéutica Pfizer. El 8 de febrero se recibió la notificación de que esa no era la institución que contenía el dato y que iban a remitir al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Hasta la fecha, un año después, la solicitud sigue sin respuesta.
El primero de octubre del año pasado ACENTO solicitó mediante el portal de Libre Acceso a la Información de ambas Cámaras del Congreso Nacional, el costo de la estadía por cuatro días en el hotel Hilton de Bayahíbe, para que los legisladores de la Comisión Bicameral de Justicia fueran a discutir el proyecto del Código Penal desde las instalaciones del resort. A la fecha no se ha recibido respuesta a pesar de que este medio requirió una actualización de la solicitud.
En ese mismo mes de octubre se solicitó a la Maternidad de la Altagracia datos estadísticos de las mujeres que recurren a la cirugía de esterilización (para no tener hijos). Luego de agotar el plazo cerraron la solicitud como entregada en oficina pero el medio no recibió información alguna.
De manera simultánea se solicitó el mismo dato al Servicio Nacional de Salud (SNS) pero estos se limitaron a responder que la respuesta estaba en el repositorio de su página web.
Respuesta tardía
El pasado mes de diciembre ACENTO solicitó a la Sisalril una información relacionada a las Administradoras de Riesgos de Salud. Luego de un mes de espera la respuesta fue que ellos no eran la entidad competente para ofrecer la información.
El caso más reciente es del 19 de enero, cuando se solicitó al Ministerio de Turismo el dato de la inversión que hizo el Estado para hacerse socio de Fitur. El 9 de febrero se informó que se haría uso de la prórroga. El documento fue entregado este mes de marzo y aunque fue solicitado para entrega por correo, el mismo se entregó de manera personal.
La “maña” de agotar el plazo para luego decir que no pueden brindar la información porque no es de su competencia es una franca violanción a ley. Así lo describió un portavoz de la Dirección General de Ética Gubernamental (Digeig).
“Es una violación a la ley. Cuando una institución no es la que posee el dato solicitado, la ley da tres días para tramitar la solicitud que no le corresponde, es decir, para enviar el caso a la entidad que puede dar respuesta”.
Información confidencial
Otra de las excusas a las que han recurrido las instituciones, es que, las informaciones solicitadas son de carácter confidencial.
Pasó al solicitar al Ministerio de Trabajo el documento firmado por los actores participantes de los acuerdos del aumento salarial. La entidad se rehusó a proveer la información por considerarla confidencial. Luego de apelar la información fue finalmente compartida.
Al consultar a la Digeig sobre cuales son aquellas informaciones que se consideran confidenciales, se explicó que aunque la ley no lo detalla con esa palabra, hay informaciones reservadas. Por ejemplo las informaciones personales.
“En el caso del acuerdo, eso debió compartirse sin decir que era confidencial. Todo acuerdo hecho por el Estado dominicano es de carácter público. En caso de que la misma contenga información personal, la misma debe ser tachada”, citó la fuente consultada.
En este trabajo se presentaron los casos vividos por periodistas de ACENTO, pero problemas similares les ha tocado enfrentar a periodistas de otros medios.
La Digeig hizo un llamado a la prensa a solicitar una mediación a través de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, en la medida en que las solicitudes sean evadidas o no respondidas.