Con pancartas en manos y bajo la consigna "¡Nos llegó la información que aquí está el ladrón!", decenas de personas se aglomeraron en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad en reclamo de justicia por supuesta estafa contra los implicados en Operación Nido.
Una de las afectadas, Fernanda Sena, denunció que fue estafada por más de US$ 4 millones por Emmanuel Ledesma por la venta de un apartamento en planos.
Manifestó que dicha situación ha causado daños emocionales, razón por la cual no sólo pide el apresamiento, sino también la "devolución de cada peso estafado" en el proyecto ubicado en la avenida España, y el pago de una indemnización por daños y perjuicios por más de UD$ 25 mil.
De su lado, Yuris Monegro pidió a la justicia sentar un precedente en este caso, en el que caiga "todo el peso de la Ley contra los responsables".
Para Jean Cristofer Pérez, representante legal de Wellington Mora, Bolívar Contreras, Ruth Pachecho, Severino Mercedes, Joaquín Fernández, Vatovanex Figuereo y Freddy Chacón, sostuvo que este proceso judicial no solo se trata de estafa, también está incluido el delito de lavado de activos.
Pérez detalló que este tipo de maniobra fraudulenta es de una "lavadora donde una de estas piezas falló y por eso explotó el caso", razón por la cual espera que los encartados sean perseguidos por este ilícito penal.
En tanto, el abogado Julio del Rosario, quien representa otra parte de los afectados por el supuesto fraude, informó que en el día de hoy se están llenando algunos formularios para conocerse mañana la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los detenidos en este proceso judicial.
Operación Nido
En la madrugada del pasado miércoles, la Policía Nacional arrestó a Emmanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes, a quienes el Ministerio Público acusa de estafar a decenas de personas a las que les ofrecieron viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, indicando que se trataba de múltiples maniobras fraudulentas.
El depósito de la solicitud de medida de coerción se realizó a las 12:30 a.m. de este viernes en la Oficina de Atención Permanente que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En este proceso el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo por la alegada estafa a más de 147 afectados.
Luego de la entrega de la documentación Sourelly Jáquez, procuradora fiscal, indicó que en el expediente de unas 400 páginas se describe las estafas superan los RD$ 200 millones a personas adquirentes de bienes raíces en el territorio nacional y en el extranjero.