El representante legal de más de 40 querellantes contra los vinculadas a la operación Búho, por el presunto fraude de unos RD$ 2,500 millones cometido contra la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), afirmó que sus clientes son ahorrantes de más de 10 años en dicha entidad por lo que piden prisión preventiva y devolución del dinero.
Plutarco Jáquez explicó que algunos de los que representa tienen depósitos a plazo fijo y otros son ahorrantes.
Argumentó que encendió la alerta entre los hoy querellantes, cuando se apersonaron a Coop-Herrera para hacer uso del dinero y la entidad les impidió la transacción, bajo la premisa de que en esos momentos no contaba con sistema.
Para el abogado, en este caso se cometieron varios delitos, entre ellos estafa, abuso de confianza, falsificación de documentos y lavado de activos.
Se tiene previsto que en la tarde de este lunes sea conocida la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los detenidos Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, en la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.
De acuerdo al Ministerio Público, 7 de sus directivos arrestados el miércoles 4 de octubre crearon una estructura en la que respondían de forma exclusiva al presidente de la cooperativa, quien luego se convirtió en Administrador General, colocando en el consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general, auditoria, y las distintas áreas administrativas, a familiares y personas de extrema confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuera un patrimonio propio.
En el expediente depositado por el Ministerio Público se reveló que los supuestos señalados utilizaron documentos falsos como garantías, mediante el cual se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios los cuales no fueron pagados, sino que dicho dinero fue sustraído de los fondos de los socios ahorrantes.
De igual forma, simulaban reestructuraciones de préstamos de manera mensual y anual, para hacer aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa, pero la realidad es que nunca se pagaba las cuotas de estos créditos.
Asimismo, el órgano persecutor detalla que, con la creación de créditos falsos, se desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal, y con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), los cuales generaban intereses que sí eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.