El presidente Luis Abinader firmó el decreto 76-25 que crea la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), con el objetivo de integrar y coordinar las distintas estrategias gubernamentales de prevención, transparencia y acceso a la información pública.
Asimismo, las instancias de auditoría y recuperación de activos ilícitamente obtenidos, garantizando la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas contra la corrupción, a través de mecanismos de supervisión e indicadores de cumplimiento.
El mandatario explicó que las acciones específicas del CPTA serán la de supervisar las compras y contrataciones públicas, la recuperación de bienes adquiridos ilícitamente, la creación de un observatorio de transparencia para monitorear el sector público y el fortalecimiento de un sistema nacional de denuncias de corrupción.
Para el seguimiento constante se realizarán reuniones semanales del Comité Coordinador y habrá un informe semanal al presidente de la República y una evaluación continua de las políticas implementadas.
La firma del decreto ocurrió en LA Semanal con la Prensa, que como todos los lunes se realiza en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y tuvo como nombre “Más Transparencia y Más Eficiencia. Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción”.
Todas las instituciones deberán colaborar identificando y reportando casos de corrupción, cumplir un plazo máximo de cinco días hábiles para suministrar información y documentos y colaborar en investigaciones incluso si el funcionario ha cesado en su cargo.
En la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, según Abinader "estamos pasando a una segunda etapa donde toda la experiencia la vamos a llevar a este sistema" para conseguir una coordinación más eficiente en todo el territorio nacional (también en provincias se han recibido denuncias), pues no basta con los niveles alcanzados y hay que ir más allá porque, resaltó, "la corrupción afecta la estabilidad institucional y el desarrollo".
Aseguró que es fundamental que los ciudadanos se involucren, por lo que se va a fomentar el acceso a la información pública, las denuncias de corrupción a través de canales oficiales y la inclusión de la sociedad civil y los medios de comunicación en la supervisión porque "todos debemos ser parte de esta lucha", hacer un uso responsable de los recursos públicos y trabajar a favor de una cultura de transparencia y ética.
En esta comisión, el comité coordinador estará presidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), mientras que la dirección ejecutiva corresponderá a la Dirección General de Contrataciones Públicas y también tendrá un papel clave la Contraloría General de la República en la Unidad Antifraude y la Unidad de Auditoría Interna, entre otras instituciones.